La elección de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso de la República sigue generando polémica. Transparencia Perú, reconocida asociación civil, expresó este miércoles su preocupación ante la posible elección del congresista de Alianza para el Progreso (APP), quien, desde marzo, afronta serios cuestionamientos por sus vínculos con la minería informal.
En un comunicado, la organización sin fines de lucro indicó que la selección de Salhuana podría representar un serio retroceso en la lucha contra las economías ilegales en el país.
Preocupa historial legislativo de Salhuana
El parlamentario y único representante de Madre de Dios también fue criticado por su historial legislativo. Mediante la red social, resaltaron que Salhuana ha promovido y respaldado leyes que debilitan la lucha contra la minería ilegal, asociada al crimen organizado, trata de personas, explotación infantil y otros delitos conexos.
Entre las iniciativas presentadas destaca, en primer lugar, el Proyecto de Ley 07287-2023-CR, que buscó frenar la actividad ilícita, diferenciando a los pequeños mineros responsables de aquellos que optan por la informalidad. Pero fue eliminado en marzo tras la derogación del Decreto Legislativo 1607.
Por otro lado, está el PL 2715/2021-CR, cuyo objetivo sería limitar las competencias de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y la Policía Nacional del Perú (PNP) para intervenir en actividades de minería ilegal.
A la lista se suman también el PL 04587/2022, que permite a los gobiernos regionales autorizar la explotación de bosques, y el PL 6259/2023, que propondría la construcción de carreteras que atravesarían áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional del Manu, ubicado en Cusco y Madre de Dios.
Asimismo, el parlamentario ha sido señalado por apoyar la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre a través del PL 0894-2022, que facilitaría prácticas ilegales como el tráfico de tierras y afectaría los derechos de los pueblos indígenas.
¿Por qué avanza la minería ilegal en Perú?
Un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) - Perú reveló que la minería ilegal en la Amazonía peruana impacta actualmente a 32 distritos y 22 ríos en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios.
Desde 2020, se observa un aumento en la economía ilegal, incluso en zonas donde anteriormente no se registraban estas prácticas ilícitas.
Martín Arana, autor del informe y representante de FCDS-Perú, señala que la combinación de las tendencias del mercado del oro, la falta de empleo, pobreza y la presencia de grupos de crimen organizado contribuyen directamente al aumento de la actividad ilícita.
En ese sentido, expertos de la FCDS-Perú y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señalan que es importante desarrollar sistemas efectivos de monitoreo y control para mitigar su impacto, más allá de la formalización, que se perfila como una solución parcial debido a la lentitud y complejidad burocrática del proceso.
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