Una transición energética justa en Perú en debate

La transición energética implica el cambio de fuentes de energía más contaminantes, como el petróleo, a fuentes de energía renovables y menos contaminantes, como la eólica y la solar, en aras de mitigar la crisis climática. Si bien en Perú se discute poco sobre el tema, el país juega un rol importante en este debate global.

La transición energética en el Perú se presenta como un proceso multifacético que ofrece tanto oportunidades como desafíos significativos. No significa lo mismo este tipo de transición para una comunidad campesina en el corredor minero del sur andino que para un activista de Lima o un pueblo indígena en el ámbito de influencia de un lote petrolero en la Amazonía, por ejemplo. No significa lo mismo la transición energética para el 94 % de hogares peruanos que tenemos acceso a energía eléctrica, que para las familias en las zonas rurales de departamentos amazónicos como Loreto y Ucayali, donde solo cerca del 50 % de la población cuenta con este servicio (INEI 2021).

La complejidad de esta transición requiere una planificación adecuada para maximizar los beneficios y mitigar los impactos negativos, tanto sociales como ambientales, para garantizar que ningún segmento de la población quede rezagado en este proceso de transformación hacia un futuro más sostenible y resiliente. Es decir, una transición energética justa.

Puntos clave para encaminarnos hacia una transición energética justa

Una política de transición energética en el país podría significar una oportunidad para mejorar el acceso a la energía en comunidades aisladas de la red nacional. La apuesta por energías renovables no convencionales (solar o eólica, por ejemplo), puede implicar una mejora significativa en su calidad de vida y un paso hacia la reducción de la desigualdad energética en el país. No obstante, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, las energías renovables representan solo el 8.2 % de la producción eléctrica nacional. Si bien Perú tiene como meta llegar al 20 %, se conoce poco sobre lo que se está haciendo para lograrlo. Más aún, el gobierno peruano sigue apostando por la explotación de combustibles fósiles como petróleo y gas.

Esta decisión contrasta con las recomendaciones de especialistas, quienes sugieren que, ante la situación de producción de los lotes y los escenarios de caída de precios internacionales, es importante considerar una disminución gradual de la explotación de petróleo y priorizar estrategias para la diversificación económica y la reforma fiscal.

Se debe tomar en cuenta que la transición a energías limpias implica un aumento en la demanda de ciertos minerales, como el cobre, lo que puede tener un impacto en países como Perú, cuya economía depende, en gran medida, de la minería. Ello, a su vez, plantea desafíos debido a la cantidad de conflictos socioambientales asociados con la actividad minera que, a la fecha, representan el 37.3 % del total de conflictos, según señala la Defensoría del Pueblo.

Esto es una prueba clara de que la transición energética debe ser un proceso que se dé en el marco de respeto por los derechos a través de la participación activa y la consulta efectiva de las comunidades locales en la definición e implementación de políticas que puedan afectarlas. Caminar este proceso de la mano de las comunidades desde el inicio, incorporando sus preocupaciones, necesidades e impactos, debe ser la manera de diseñar políticas de largo plazo que den sostenibilidad a procesos como el de la transición energética.

Finalmente, un debate serio que busque impulsar un proceso justo y sostenible no puede dejar de lado los más de 1000 derrames petroleros ocurridos en los últimos 20 años tanto en la costa como en la Amazonía, así como para las regiones andinas afectadas por la contaminación proveniente de la industria minera, que hasta la fecha, suman más de 6000 pasivos ambientales.

Es fundamental colocar estas cuestiones en la agenda pública, y urge promover la colaboración de todos los actores de la sociedad en la formulación e implementación de políticas y estrategias que promuevan una transición energética justa y equitativa. Queda mucho camino por andar, y hay que empezar ya, eso sí, con mucha energía.