El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo que investiga el caso Lava Jato, solicitó este miércoles una pena de seis años y seis meses de prisión contra la abogada Giuliana Loza, quien ejerce la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
El magistrado indicó al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional que la acusación contra Loza es por obstrucción a la justicia “bajo el título de coautoría ejecutiva”, debido a que presuntamente ejecutó amenazas e intimidaciones para que falsos aportantes prestaran testimonios fraudulentos en la pesquisa sobre lavado de activos.
Domingo Pérez presentó la acusación en el juicio oral por el Caso Cócteles, en el que Loza está implicada junto con su patrocinada, la cúpula del partido naranja, así como decenas de colaboradores y supuestos aportantes a sus campañas para optar a la presidencia en 2011 y 2016.
Por este caso, el fiscal ha solicitado 30 años de prisión para Fujimori por la presunta organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Según la tesis del Ministerio Público, Fuerza Popular no solo “busca lucrar”, sino el poder para “maximizar sus intereses” y lograr la protección de sus integrantes al instrumentalizar las instituciones del Estado.
“He presentado estas capturas donde se puede observar cómo realizaron dichos gestos con la complicidad y afirmación de la acusada Keiko Fujimori [...] corresponde denunciar estos gestos obscenos de connotación de discriminación sexual. [...] No solo es una falta de respeto hacia quien representa a la sociedad agraviada por el delito, sino también hacia ustedes, que dirigen este juzgamiento, y hacia el público”, dijo Domingo Pérez ante los jueces.
Al ser consultada por la prensa, Loza negó que sus gestos fueran obscenos y señaló que hacían referencia al tiempo restante para que el magistrado terminara su exposición. “Lamento que se haya sentido aludido por algo que no existe”, declaró.
Además, instó a dejar de lado el “show político” y expresó que la sala no debería aceptar las peticiones del fiscal. Finalmente, el colegiado resolvió que no corresponde imponer sanción a los abogados al no encontrar sustento alguno y acotó que todos los involucrados deben mantener la compostura.
Garantías
La abogada requirió garantías para su vida ante la Prefectura debido a agresiones físicas y verbales, así como amenazas en redes sociales. Ante la comisaría de Cotabambas denunció haber sido atacada por un grupo de personas y solicitó la identificación de los agresores y protección para desempeñar su trabajo. Loza pasó por Medicina Legal, donde comprobaron lesiones leves.
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