Congreso exige al TC que restituya la inhabilitación contra Inés Tello y Aldo Vásquez ante la JNJ

El Congreso de la República vuelve a la carrera que emprendió en diciembre del año pasado para debilitar a la Junta Nacional de Justicia. Tras conocer la decisión de la Primera Sala Constitucional del Poder Judicial respecto a la demanda de amparo que presentaron los integrantes de la JNJ el pasado 4 de junio; han pedido al Procurador del Parlamento que dirija una solicitud al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, para que anule la restitución de los jueces Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta.

Como se sabe, ambos jueces, ahora miembros de la JNJ, fueron inhabilitados por el Congreso mediante una votación declarada como irregular por parte de la Primera Sala Constitucional del Poder Judicial que dispuso su reincorporación a inicios de este mes. Entre los argumentos propuestos por esta Sala, el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado respecto a la imposibilidad de que los congresistas que voten en la Comisión Permanente en un juicio político no puedan ejercer su voto en el Pleno, pues incurren en una irregularidad.

Sin embargo, el Congreso ahora desoye esta sustentación y, mediante el documento enviado al Tribunal Constitucional sostiene que la sentencia emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima corresponde a una acción más de menoscabo de sus funciones por parte del Poder Judicial. En cambio, el Parlamento ha solicitado que esta decisión sea incluida en la demanda del conflicto de competencias que será vista este 10 de julio.

Como consecuencia, el Congreso le ha pedido al presidente del TC por medio de sus abogados que entre los hechos sobre los que se debe pronunciar al momento de atender esta demanda, debe estar comprendida la restitución de Tello y Vásquez en la JNJ. De hecho, este pedido ha sido recordado en la demanda presentada en el escrito de este lunes 8 de julio, en la que se requiere al TC que:

Pero no solo eso, el Congreso busca que ninguna otra institución vuelva a interferir con decisiones que estos hayan tomado, incluso si estas vulneran derechos de las personas contra las que se ha actuado, como es el caso de la inhabilitación de Inés Tello y de Aldo Vásquez. Ello, adelantándose a una decisión sobre la que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, en la que precisa que “si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido”.

Así, el Legislativo intenta que la inhabilitación de ambos jueces se constituya como netamente un “acto político puro” en el que ninguna institución podrá interferir, así se estén vulnerando derechos. “Pero si se trata de un acto político puro, entonces el debido proceso no tiene los mismos alcances, matices e intensidad judiciales, siendo solo admisibles como control de forma, pero no de fondo”, dicta dicha resolución con la que el Congreso busca justificar su competencia.

El Congreso incluso tilda a la decisión del Poder Judicial sobre el proceso de amparo contra Tello y Vásquez como una decisión “temeraria” cuando este se pronuncia respecto al proceso competencial que el Congreso ha emprendido a fin de que el Tribunal Constitucional falle en su favor. Cabe recordar que en la sentencia, la Primera Sala Constitucional de Lima precisa que: