El próximo lunes 1 de julio de 2024 no solo marcará el inicio del juicio contra Keiko Fujimori, sino que también será un día crucial para la administración de Dina Boluarte. En esta fecha se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la República del Perú, convocada por la presidenta, para la segunda votación del Proyecto de Ley 7752, que busca brindar al Ejecutivo amplias facultades para legislar en diferentes áreas claves como la actividad empresarial del Estado y la seguridad ciudadana; entre otras.
Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso, presidirá la sesión que está agendada para las 10:00 horas del lunes. Los congresistas tendrán la responsabilidad de revisar de manera minuciosa el texto sustitutorio del proyecto de ley, que ya fue modificado y votado por separado en su primera instancia. Artículos cruciales como el artículo 2 y los puntos del 2.1 al 2.10, así como el artículo 1 y las disposiciones complementarias, serán nuevamente sometidos a votación.
La medida se dispone desde el Legislativo, en respuesta al Decreto Supremo 061-2024-PCM, emitido el 20 de junio de 2024, en el que se fundamenta la convocatoria en el inciso 6 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, que permite al presidente convocar al Congreso a una legislatura extraordinaria. De este modo, Dina Boluarte busca asegurar que el Congreso le otorgue la potestad de dictar medidas supremas en calidad de ley, bajo la excusa de que es requerida su aplicación “con carácter de urgencia”.
Facultades legislativas fueron aprobadas, pero no obtuvo los votos para evadir la segunda votación
La propuesta fue aprobada en primera votación el pasado 15 de junio de 2024, obteniendo 71 votos a favor, 31 en contra y 13 abstenciones. Sin embargo, no alcanzó la cantidad de votos necesarios de 87 para exonerar una segunda votación, lo que obliga a que el Congreso vuelva a debatir y decidir sobre la entrega de estas facultades legislativas.
El pedido de facultades legislativas del Gobierno de Dina Boluarte surge a fin de establecer lineamientos sobre y decisiones rápidas en materia de reactivación económica, así como la simplificación y calidad regulatoria, con la que se busca eliminar burocracias innecesarias que obstaculizan el desarrollo empresarial. Otro aspecto relevante es la actividad empresarial del Estado. Este componente del proyecto de ley tiene como objetivo aumentar la eficiencia y competitividad de las empresas estatales.
Pero existe otro tema de interés por el que se busca aprobar estas facultades legislativas lo más pronto posible y es la legislación en áreas de seguridad ciudadana y defensa nacional; las cuales han tomado un protagonismo particular en un país preocupado por su seguridad interna y externa. Al dotar al Poder Ejecutivo de mayores responsabilidades legislativas en estos campos, se espera que puedan implementarse políticas más efectivas y rápidas, para una grave crisis de seguridad que ningún Ministro del Interior del Gobierno de Boluarte ha podido refrenar hasta ahora.
Congreso sesionará en un pleno el mismo día del inicio del juicio de Keiko Fujimori
Lo que añade una capa extra de complejidad y expectación a esta situación es que la sesión en la que se decidirá la suerte del Proyecto de Ley 7752 está programada para el mismo día y prácticamente al mismo tiempo que el inicio del juicio contra Keiko Fujimori. Esta coincidencia ha generado un ambiente de gran tensión y expectativa, ya que ambos eventos podrían tener implicaciones significativas para el futuro político y legal del país.
La delegación de facultades legislativas es una medida que, si bien puede aportar flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones, también plantea cuestiones importantes sobre el equilibrio de poderes. ¿Hasta qué punto es conveniente centralizar tanto poder en el Ejecutivo, especialmente en un contexto de crisis? La historia demuestra que medidas de este tipo pueden ser efectivas, pero también pueden abrir la puerta a posibles abusos de poder si no se implementan con la debida supervisión y control.
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