Congreso aprueba en primera votación delegar facultades legislativas al Gobierno de Dina Boluarte

Pleno accedió a que el Ejecutivo legisle en diversas materias, como inversión pública, servicios financieros, política criminológica, entre otros

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Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para emitir los respectivos decretos legislativos | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina / Presidencia
Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para emitir los respectivos decretos legislativos | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina / Presidencia

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación delegar facultades para legislar al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos sobre las materias autorizadas por el Parlamento por un plazo de 90 días.

Las materias autorizadas son:

  • Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y publico-privada, y gestión de servicios públicos: Tarifas diferenciadas para museos, promoción de proyectos bajo las modalidades de Asociaciones Publico Privadas (APP), promoción de servicios que utilicen tecnología 5G, entre otros.
  • Mejora de la calidad de la inversión pública: Reducción de plazos de contratación de obras o servicios, identificación de inversiones en el Puerto de Chancay a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura
  • Fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado: Reestructuración del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe)
  • Reducción de costos de transacción: Simplificación de los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional
  • Acceso y competencia en servicios financieros: Reactiva Perú, autorización para que Agroperú otorgue financiamiento
  • Equilibrio fiscal
  • Tributaria: Modificaciones a la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), cambios a la Ley que regula la explotación de los juegos a distancia
  • Política criminológica y penitenciaria: Tipificación del delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual generados por inteligencia digital, tipificar el camcording
  • Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay
  • Seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital: Creación del Sistema Integrado de Evaluación del Riesgo Migratorio y de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional

La representación nacional también aprobó las disposiciones complementarias finales del dictamen.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, indicó que los temas pendientes de la agenda serían debatidos por la Comisión Permanente, órgano al que se delegó facultades para legislar durante el receso parlamentario.

Luego, Soto Reyes dio por clausurada la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024. No dio un discurso de cierre de gestión como usualmente hacen los presidentes del Congreso salientes.

Proyectos cuestionados

Se esperaba que el Pleno del Congreso realice la segunda votación de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en una de las cinco sesiones de la semana. Sin embargo, no se puso a debate.

En un comunicado en respuesta a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Parlamento rechazó la “intromisión” y aseguró que tramitaría los proyectos de ley cuando “lo crea conveniente”.

Otro proyecto cuestionado es el que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en perjuicio de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Sobre esta iniciativa, embajadas de 16 países en Perú expresaron su preocupación, hecho que el canciller Javier González-Olaechea calificó de “injerencista”.

Finalmente, aunque no estaba en agenda, no se descartaba que se debata el dictamen de reforma constitucional que elimina la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crea la Escuela Nacional de la Magistratura.

Este dictamen, a comparación de los proyectos sobre los delitos de lesa humanidad y las ONG, no podrá votarse en Comisión Permanente. Debido a que propone la modificación de la Carta Magna, deberá verse en el Pleno a partir del siguiente periodo anual de sesiones que inicia en julio.

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