Piden al Gobierno Regional de Pasco iniciar demanda de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Antiforestal’

En la selva central del Perú, la protección de los bosques ante el avance de las economías ilegales parece ser un compromiso firme. El Consejo Regional de Pasco ha decidido rechazar la Ley N.º 31973 o ‘Ley Antiforestal’, que modifica la Ley N.º 29763, conocida como Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

La decisión se formalizó mediante el Acuerdo N.º 68-2024-CR, rechazando las modificaciones aprobadas en enero por el Congreso de la República, que interpretan como contrarias a los derechos de consulta previa de los pueblos indígenas, protegidos por la Constitución. En ese sentido, se ha solicitado al Gobierno Regional de Pasco iniciar una demanda de inconstitucionalidad contra la norma.

Pues, entre sus argumentos, sostienen que es urgente revertir las disposiciones orientadas a la zonificación forestal adoptadas por dicha ley, que suspende la obligatoriedad de ciertos requisitos técnicos previos para actividades de agricultura, lo que podría devenir en deforestación ilegal, según especialistas en material ambiental.

En el mismo documento, el Consejo Regional expresó su apoyo a las iniciativas legislativas que buscan derogar la ‘Ley Antiforestal’, que, como se recuerda, restringe competencias clave del Ministerio del Ambiente (Minam) y transfiere responsabilidades al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Entre ellas están dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Sociólogos del Perú y el Gobierno Regional de San Martín. Este departamento registra la mayor deforestación por agricultura a gran escala y su recurso legal ya fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, notificando al Congreso para que responda al mismo.

Asimismo, existe otra demanda constitucional en curso de acción de amparo, la cual fue presentada en marzo ante el 2do. Juzgado Civil – Sede Maynas de Tarapoto, que ya ha sido aceptada a trámite y notificada a los demandados.

Mientras que, desde el Parlamento, hay cinco proyectos de ley (06788, 06812, 06890, 06958 y 07248) en revisión, con un predictamen favorable de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que recomienda la derogación de la ley, disposición que ya ha sido trasladada a la Comisión Agraria.

Todas estas iniciativas han sido respaldadas por más de 300 instituciones públicas y privadas.

En tanto, el Gobierno busca aplicar nuevas modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Específicamente, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, quien se ha mostrado a favor de la implementación de la ‘Ley Antiforestal’, informó que planea iniciar su ejecución en el segundo semestre de 2024.

Pues, el titular de dicha cartera asegura que la formalización de predios contribuirá al desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias en regiones como Ucayali.

En dicha región, Manero sugiere se necesita fortalecer más a los productores de cacao, palma aceitera y soya. Estos dos últimos cultivos llaman fuertemente la atención por su vinculación con actividades ilícitas de deforestación.

En el caso de la soya, por ejemplo, su producción ha generado la deforestación de 1.000 hectáreas de bosques solo en el distrito ucayalino de Masisea, así como dentro de comunidades nativas, causada presuntamente por colonias menonitas, de acuerdo a una investigación de Mongabay Latam.

En ese marco, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental advierte que la aplicación de la ley que aceleraría la deforestación ilegal en la Amazonía peruana podría resultar en el archivo de más de 1.200 procesos judiciales en curso vinculados a este delito.

Y, la Unión Europea ha aclarado que la ley peruana no cumpliría con sus nuevas normativas ambientales, las cuales prohíben la importación de productos agrícolas provenientes de tierras deforestadas.