Alcalde de Miraflores defiende su gestión ante pedido de revocatoria y asegura que los robos en su distrito “son muy pocos”

Carlos Canales, alcalde del distrito limeño de Miraflores, se pronunció en una entrevista en vivo sobre el proceso de revocatoria que se ha iniciado en su contra por una serie de cuestionamientos que involucran restricciones a los espacios públicos, aumento de inseguridad por falta de alumbrado público, falta de transparencia en su gestión, entre otros.

En diálogo con Canal N, señaló que, aunque viene realizando una buena gestión, “es un derecho ciudadano” que una parte de la ciudadanía miraflorina no esté conforme con su gestión y busque sacarlo del sillón municipal. “Hay todo un trámite que tienen que cumplir, nosotros consideramos que estamos haciendo una buena gestión”, manifestó.

En Miraflores roban menos, dice alcalde

Tras resaltar que la delincuencia en su jurisdicción ha disminuido en un 50% en comparación con el año anterior, y que la implementación de más bodycam (cámaras corporales) está permitiendo a la Policía capturar a los delincuentes en el distrito; indicó que solo una pequeña parte de la ciudadanía tiene una “percepción” de inseguridad.

La periodista cuestionó al burgomaestre por dar a entender que la delincuencia que sucede en Miraflores es solo una “percepción”. En respuesta, Carlos Canales señaló que, si bien hay robos en su distrito, estos no se dan con la misma frecuencia y peligrosidad como la que se da en otros distritos.

Las acusaciones que enfrenta

El 22 de junio, ciudadanos de Miraflores se autoconvocaron para una “firmatón” en la avenida Larco, a las 3 de la tarde, con el objetivo de recolectar firmas para solicitar la revocatoria del alcalde Carlos Canales. La convocatoria es liderada por la promotora Enriqueta Portocarrero y el Movimiento por la Revocatoria del alcalde de Miraflores.

Una de las principales denuncias que enfrenta Canales es la restricción en el uso de espacios públicos, afectando áreas como el Parque Bonilla y el Parque Grau, cuyo uso ha sido modificado para proyectos que, según los vecinos, no benefician a la comunidad.

Además, la gestión de Canales es señalada por problemas de seguridad, particularmente la falta de alumbrado público, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad en el distrito. También se le critica por una ejecución presupuestal deficiente, con un cumplimiento de solo el 10%, considerada la más baja entre los 43 distritos de Lima.

Los vecinos acusan al alcalde de utilizar a los fiscalizadores municipales de manera arbitraria para intimidar a la población. A esto se suma la controversia por la autorización de construir un hotel de 20 pisos en una zona considerada intangible en la Costa Verde, a menos de 15 metros del acantilado. Esta construcción ha sido duramente cuestionada por ignorar normativas de seguridad y por la inestabilidad del terreno, caracterizado por alta humedad y grietas profundas.

Situación de seguridad en Miraflores

Una encuesta de Datum para el colectivo ‘Lima Cómo Vamos’ reveló en enero de 2024 que Miraflores se encuentra en el cuarto grupo de distritos con mayor sensación de inseguridad, con un 72.5% de percepción de inseguridad. Este porcentaje es superado por ‘Lima Este’ (84.4%), ‘Lima Norte’ (82.7%) y ‘Lima Sur’ (80.7%).

Estos resultados son consistentes con otra encuesta de Datum que señala que el 84% de los peruanos se siente inseguro, en contraste con el 15% que se siente seguro. En Miraflores, la inseguridad ha aumentado significativamente durante la gestión actual, según los residentes.

En una declaración anterior, el alcalde Carlos Canales explicó la actividad criminal afirmando que los delincuentes prefieren Miraflores porque “un celular vale cinco veces más que en otro distrito”. Canales también señaló que, aunque la lucha contra la delincuencia es responsabilidad de la Policía Nacional, los municipios deben brindar apoyo logístico.

Sin embargo, la Ley Orgánica de Municipalidades especifica que los municipios tienen la función de establecer un sistema de seguridad ciudadana con la participación de la sociedad civil y la Policía Nacional, lo que implica una responsabilidad más activa en la gestión de la seguridad.