Al norte del país, las movilizaciones no se detienen. En el departamento de Amazonas, exactamente en la provincia de Bagua, las comunidades awajún han bloqueado la carretera que conduce a la localidad de Chiriaco, situada en el distrito de Imaza, para exigir la reactivación de proyectos y obras en la zona que se encuentran paralizados.
De acuerdo al portal Vigilante Amazónico, la protesta ha cumplido ya 10 días. La falta de respuesta por parte del Gobierno Regional de Amazonas, liderado por Gilmer Horna, es lo que más indigna a la población, ya que este no ha ofrecido soluciones concretas para retomar las actividades que están suspendidas, denuncian.
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Según manifestaron los dirigentes awajún, la falta de cumplimiento en la ejecución de las obras afecta directamente su desarrollo y bienestar de las comunidades.

¿Cuáles son las demandas?
El medio de comunicación regional Reina de la Selva detalla que, específicamente, las demandas incluyen la creación de nuevos distritos, proyectos de infraestructura educativa y vial, así como la implementación de servicios básicos, como agua potable, en las comunidades indígenas. Asimismo, se exige la modernización de colegios y la legalización de tierras comunitarias.
Según los representantes de las organizaciones, entre ellas el Comité de Lucha Distrital de Imaza y la Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón (OCCAAM) y el Consejo Indígena de Amazonia Peruana (CIAP), estos problemas han sido ignorados durante demasiado tiempo.
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Frente a ello, aparte de bloquear la carretera, este jueves han tomado la sede de la Municipalidad Distrital de Imaza (MDI). Los manifestantes advierten que de no recibir respuesta, reforzarán sus medidas de protesta.

Malos antecedentes de Horna preocupan a ciudadanos
Desde hace varios meses, el cargo de administración de Gilmer Horna refleja una creciente preocupación en la ciudadanía amazonense por la transparencia en la gestión pública de la región.
En enero de este año, la Fiscalía Provincial especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Amazonas inició un proceso contra él y la vicegobernadora Leyla Rimarachín, tras haber sido acusados de designar funcionarios sin cumplir con los requisitos profesionales establecidos por la Ley Servir.
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Dicha norma estipula que los puestos en el servicio público deben ser ocupados por personas con el perfil profesional adecuado. Sin embargo, las denuncias sugieren que en Amazonas se habrían realizado designaciones a dedo, sin considerar estos requisitos.
También, de acuerdo a un informe de OjoPúblico, publicado en 2022, el actual gobernador enfrenta ocho investigaciones por presuntos delitos cometidos durante su período como gobernador regional de Amazonas entre 2015 y 2018, según información del Ministerio Público.
Las pesquisas abarcan posibles actos de contaminación ambiental, nombramiento ilegal, omisión ilegal del cargo, abuso de autoridad, usurpación de funciones, negociación incompatible y defraudación patrimonial al Estado.
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Además, la Contraloría General de la República ha señalado a Horna Corrales como responsable penal y administrativo por el inicio de la ejecución de varias carreteras sin contar con S/69 millones 485,328 requeridos, acción que resultó en el incumplimiento de plazos contractuales y un perjuicio de S/2 millones 432,100 soles.
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