La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó este martes el kit destinado al proceso de revocatoria contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El paquete, que abre paso a la recolección de firmas, fue recibido por el economista Ciro Silva, principal promotor de la cruzada.
Silva presentó ante la ONPE a inicios de junio los argumentos para la revocatoria del burgomaestre y denunció, entre otras 20 causales, el incumplimiento de sus promesas electorales y la ineficiente ejecución de su plan de gobierno. Entre las promesas incumplidas también mencionó proyectos como “Lima Potencia Mundial”, “Hambre Cero”, la construcción de teleféricos, la implementación de 60 puentes y la arborización del río Rímac.
Según el cronograma oficial, el plazo para presentar las solicitudes de revocatoria ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vence el próximo 21 de noviembre. A partir de esa fecha, la autoridad electoral tiene un mes para analizar la procedencia de las solicitudes. En caso de proceder, el Reniec enviará la lista inicial del padrón de electores al JNE el 25 de noviembre, la cual será publicada del 5 al 9 de febrero de 2025.
El JNE convocará a la consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y municipales el 10 de marzo del próximo año, para aquellos que cumplieron los requisitos legales. El 11 de marzo, el Reniec remitirá al JNE el padrón electoral preliminar, y el JNE aprobará el padrón definitivo el 21 de marzo. Ese mismo mes, el 30, la ONPE realizará el sorteo de los miembros de mesa encargados de la consulta, que se llevará a cabo el 8 de junio de 2025 en las localidades que aprobaron la solicitud de revocatoria.
De acuerdo con la encuestadora Ipsos, un 57% votaría a favor de la salida del burgomaestre, quien arresta un 69% de desaprobación ciudadana. “La revocatoria es un derecho ciudadano [...] El señor Silva tiene un conflicto grave de interés y ha estado muy ligado a Susana Villarán y más personajes de la política y no digo más, porque después me manda carta notarial diciendo que lo estoy difamando”, dijo en una rueda de prensa al ser consultado sobre su eventual destitución.
Panorama
La administración de López Aliaga enfrenta cuestionamientos de varias comunidades vulnerables, como las trabajadoras sexuales y la comunidad LGTBI, ya que ha condicionado la realización de la Marcha del Orgullo 2024.
Las trabajadoras sexuales también han anunciado que se sumarán a la iniciativa tras el cierre forzado de ‘Las Cucardas’, lo que dejó a aproximadamente 150 chicas expuestas a la violencia de las mafias, sin un lugar seguro para ejercer su labor.
“Si no nos hacen caso, iremos a las internacionales. Y si no, impulsaremos la revocatoria. La otra vez una compañera me dijo: nosotras sacamos a ‘Porky’. Si nadie puede, las putas lo sacamos”, dijo a Infobae Perú la activista Angela Villón, presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales ‘Miluska Vida y Dignidad’.
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