El Congreso de la República aprobó con 86 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones la insistencia del Proyecto de Ley 3331-2022-CG, una propuesta observada por el Poder Ejecutivo que propone una carrera especial para auditores gubernamentales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República (SINTRACGR) manifestó su rechazo a la aprobación del proyecto, tachándolo de inconstitucional y afirmando que debilita la lucha contra la corrupción y la independencia de la Contraloría. Según el sindicato, la iniciativa responde a un pacto político y no a un fortalecimiento real de la institución.
El sindicato critica, entre otras cosas, la inclusión de un límite de 30 años para ingresar a la carrera de auditor, y la imposición de sanciones y restricciones que, según ellos, afectan la independencia profesional de los auditores. Además, denuncia que estas medidas son parte de un intento del actual Contralor General Nelson Shack de implementar un nuevo régimen laboral a pocos meses de concluir su gestión.
En su comunicado, el sindicato agradeció a los congresistas que votaron en contra o se abstuvieron y reafirmó su compromiso de luchar contra la corrupción y defender la meritocracia. Anunció que interpondrán acciones constitucionales y recurrirán a organismos internacionales para defender los derechos de los trabajadores y la integridad del Sistema Nacional de Control.
Autoridad Nacional del Servicio Civil calificó de “inconstitucional” el Proyecto de Ley
En junio del año pasado, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley 3331, conocido como ‘ley del auditor’, con 104 votos a favor en primera votación. A pesar de esto, varios organismos, como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría, han manifestado críticas y advertencias sobre su inconstitucionalidad y otras problemáticas.
Servir señaló que el Proyecto de Ley 3331 no justifica la creación de una carrera especial para auditores gubernamentales y mencionó que su actividad no ha requerido de este tipo de estructura adicional desde la derogada Ley del Sistema Nacional de Control de 1993. Para Servir, el control gubernamental no justifica la especialidad que pretende la ley propuesta.
El Colegio de Contadores Públicos de Lima, a través de su director de asistencia y actividades sociales, Jorge Mario Chunga, añadió que ya existe una normativa específica para los auditores gubernamentales. Chunga hizo referencia a la Ley 28951 y criticó la intención de certificar y recertificar mediante la Escuela Nacional de Control, que depende de la Contraloría General de la República, cuando esa tarea ya corresponde a la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú.
El Sindicato de la Contraloría rechazó también el contenido de la norma por vulnerar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y los derechos laborales de sus trabajadores. Subrayaron que la promoción de auditores requeriría una maestría de alto costo dictada por la Escuela Nacional de Control, administrada por la Contraloría. Además, acusaron a Nelson Shack, contralor general, de intentar limitar la labor de los auditores.
El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, indicó que el proyecto vulnera la estabilidad presupuestaria establecida en la Ley 31366 y contraviene el principio de equilibrio presupuestario mencionado en el artículo 78 de la Constitución.
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