Congreso atenta contra el cine regional e independiente: aprueban el recorte de subsidios y estímulo económicos

El proyecto de ley cuestionado por atentar contra el cine regional en el Perú fue aprobado por el Congreso de la República este martes 11 de junio. Apoyada por diversos legisladores como Adriana Tudela, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Alejandro Soto, Carlos Anderson, Luis Aragón y Guido Bellido, la iniciativa obtuvo 84 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones.

La parlamentaria Susel Paredes solicitó una cuestión previa para que el proyecto sea revisado nuevamente por la comisión de Cultura antes de ser aprobado. Sin embargo, las bancadas de derecha rechazaron la solicitud y procedieron a aprobar el denominado ‘Proyecto Tudela’ con más de 80 votos, exonerando la segunda votación, tras el pedido de César Revilla, presidente de la comisión de Economía.

Este proyecto, que ahora espera la promulgación u observación por parte del Ejecutivo, cuenta con un plazo de 15 días para ser evaluado. Se anticipa que Dina Boluarte podría apoyarlo, lo cual afectaría a los cineastas regionales y recortaría estímulos económicos para sus producciones.

La propuesta inicial de Adriana Tudela ha sido señalada como perjudicial para la identidad indígena y regional del cine peruano. Varias organizaciones y cineastas han expresado su preocupación al respecto, indicando que el proyecto podría comprometer la diversidad cultural y la libertad de expresión en el país.

La Ley de Cine, en vigencia desde el Decreto de Urgencia 022-2019, ha permitido avances significativos en la paridad de género y la promoción del cine en lenguas originarias. El Proyecto Tudela, según los críticos, no consideró el consenso de los gremios cinematográficos en su elaboración, poniendo en riesgo el impulso a la producción cinematográfica y audiovisual en el Perú.

Una de las cláusulas más controvertidas del proyecto establece que los subsidios y estímulos económicos no deberán superar el 50% de los costos de producción, lo que podría excluir a muchas producciones nacionales que dependen de estos fondos. Adicionalmente, limita los apoyos a etapas específicas de producción, omitiendo la importancia de otras fases como la escritura de guiones, la investigación para documentales y la distribución.

El Proyecto Tudela también propone la creación de una “Ventanilla Única de autorizaciones de filmación”, a cargo de Promperú, aplicable incluso a producciones nacionales y sin especificar criterios claros para la concesión de estas autorizaciones. Esta medida es vista como un obstáculo adicional para los cineastas peruanos.

Propuesta fue rechazada por cineastas y organizaciones culturales

Asociaciones de cineastas y comunicadores en Perú manifestaron su rechazo al proyecto del Congreso, que consideran perjudicial para la libre expresión y los estímulos económicos a las actividades culturales. Esta postura se dio a conocer en una rueda de prensa presidida por más de 70 asociaciones y colectivos, junto a unos 700 trabajadores independientes del ámbito cinematográfico.

Los manifestantes señalaron que el Ministerio de Cultura entregó un documento a la Comisión de Economía que, según ellos, no refleja los intereses discutidos durante una reunión presencial del 3 de junio. Se argumenta que el dictamen propuesto censura la libre expresión contemplada en la Constitución del Perú y transfiere el control de la creación cinematográfica a sectores “autoritarios y conservadores”, exigiendo respeto a las “buenas costumbres” y alineación con los intereses del Estado peruano.

Además, las críticas apuntaron a la eliminación de estímulos económicos necesarios para la producción de libros, música, teatro y cine. Los colectivos advirtieron que esta medida reduciría los derechos culturales de los peruanos y afectaría negativamente la oferta cultural nacional.

La normativa también fue denunciada por su aparente discriminación hacia los cineastas, especialmente aquellos de las regiones del país, al requerirles financiar el 50% del presupuesto de sus producciones. Otro punto de desacuerdo radica en la propuesta de transferir la responsabilidad de la comisión fílmica a la agencia Promperú, en lugar de depender del Ministerio de Cultura.

En el evento, llevado a cabo en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, participaron de manera presencial los cineastas Melina León, Alberto Castro y Elva Arrieta, mientras que Tito Catacora y Gabriela Maldonado participaron virtualmente.