En una operación coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió 25 órdenes de expulsión y salidas obligatorias del país a ciudadanos extranjeros en Trujillo (La Libertad) y Piura que ingresaron al país sin cumplir con los controles migratorios establecidos.
En el primero de los lugares, el operativo contó con el apoyo, además de la Policía Nacional, de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (Sutrán), entre otros organismos.
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En dicha ciudad, Migraciones emitió órdenes de expulsión a 14 extranjeros: 11 venezolanos, 2 ecuatorianos y 1 colombiano. Estos individuos fueron interceptados en el kilómetro 548 de la carretera Panamericana Norte.
Por su parte, en Piura, la entidad dispuso la deportación de 10 venezolanos y 1 colombiano. Estas personas fueron intervenidas cerca del antiguo peaje de Bayóvar, ubicado a 53.3 kilómetros al sur de la ciudad, en el distrito de Catacaos.
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La PNP elaboró un informe en las dos regiones lo que permite a Migraciones aplicar el PASEE. Este mecanismo facilita la pronta expulsión de extranjeros que ingresaron al país eludiendo el control migratorio o realizando actividades que amenazas el orden público, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana.
El procedimiento especial excepcional se compone de dos fases: una instructora y otra sancionadora. Comienza con la imputación de cargos y culmina con la notificación de la resolución de la salida en un plazo máximo de 24 horas, ejecutada por la PNP. Esta rápida acción asegura que los infractores sean rápidamente retirados de Perú.
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Extranjeros expulsados
En una conferencia de prensa en octubre pasado, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que las personas que intenten reingresar al país tras haber sido expulsadas por cometer delitos o por procedimientos administrativos de Migraciones enfrentarán sanciones que podrían incluir el encarcelamiento.
Además, el titular del Minjus destacó que este tema ha sido identificado y analizado minuciosamente, y se ha formulado una solución legal: quienes intenten regresar con la intención de cometer un delito serán sujetos a penas de prisión.
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Durante 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones reportó que se prohibió la entrada a 2.170 extranjeros mediante controles en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal punto de fiscalización migratoria en Perú.
De estos, 455 individuos fueron sometidos a exámenes exhaustivos en el control secundario, al ser considerados posibles amenazas según las evaluaciones realizadas en el centro de operaciones del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS).
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En un comunicado, la entidad subrayó que el propósito de este mecanismo es evaluar las amenazas a la seguridad nacional y asegurar el cumplimiento efectivo de las normas migratorias.
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