Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, fiscales del caso Lava Jato, fueron denunciados penalmente por Luis Miguel Caya, abogado y exconsejero regional de Moquegua, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Ello, en el marco de la sustentación de la tutela de derechos presentada por ambos para anular las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides. En su defensa, Vela Barba señaló al fiscal supremo Alcides Chinchay de no permitirle ejercer su defensa en la investigación sobre sus supuestas coordinaciones con el periodista Gustavo Gorriti.
Paralelamente, Domingo Pérez exigió a la Fiscalía Suprema clarificación sobre los hechos de corrupción que se le imputan, criticando lo que considera actitudes arbitrarias y sin fundamento jurídico por parte de la Fiscalía Suprema.
¿De qué delito se les acusa y por qué?
El exfuncionario regional acusa a los fiscales del presunto delito de peculado de uso por utilizar recursos de la Fiscalía, como equipos electrónicos y mobiliario, para sus defensas en dicha audiencia. Según Caya, se trataría de un acto de peculado de uso, tipificado en el artículo 388 del Código Penal.
“Acabo de presentar de denuncia penal contra Rafael Vela y José Domingo Pérez por el delito de peculado de uso (Art 388 CP) por haber usado sus despachos, equipos electrónicos, mobiliario, etc en la Fiscalía para realizar sus defensas en audiencia de tutela de derechos”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
¿Qué dijeron Rafael Vela y José Domingo Pérez en audiencia?
Ambos fiscales solicitaron la nulidad de las declaraciones de Villanueva del 10, 20 y 24 de mayo, argumentando que se encontraron en “absoluta indefensión” porque el fiscal Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, no les permitió ejercer su autodefensa.
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el fiscal Chinchay aceptó escucharlo antes de calificar la noticia criminal, es decir, antes de decidir si abrir una investigación preliminar o archivarla. La cita estaba programada para el 1 de abril. Sin embargo, Chinchay decidió abrir la investigación preliminar el 27 de marzo.
Ya como investigado, Vela solicitó ejercer su autodefensa, pero se le negó, por lo cual planteó una nulidad. Este recurso fue resuelto el 8 de mayo, dos días antes de que Villanueva declarara por primera vez en este caso. En ese sentido, argumentó que abrir una investigación justo antes de Semana Santa y con la Fiscalía Suprema prevista para escucharlo después, representa una conducta arbitraria que afecta su derecho a la defensa. Solicitó que se permita el interrogatorio de Villanueva con mayor amplitud, ya que su testimonio es fundamental.
En tanto, el fiscal José Domingo Pérez también relató que Chinchay rechazó su solicitud de autodefensa, viéndose obligado a pedir un defensor público. Sin embargo, según las actas, este abogado no habría participado. Pérez solicitó al juez supremo corregir esta situación y garantizar su derecho a la defensa.
En respuesta, el fiscal adjunto supremo provisional Luis Felipe Zapata Gonzáles afirmó que los fiscales tienen recursos para contratar un abogado particular. Reconoció la indefensión de Pérez, pero responsabilizó al fiscal del Equipo Especial Lava Jato por no nombrar abogado con suficiente antelación.
Rafael Vela precisó que el abogado de oficio se le asignó tres días después de la primera declaración de Villanueva, mientras que Pérez indicó que su abogado no tenía acceso a la carpeta fiscal. Zapata informó que el testimonio de Villanueva Barreto se reanudará el 31 de mayo.
Durante la audiencia, Pérez y Zapata intercambiaron críticas. Pérez cuestionó que la Fiscalía no pudo identificar un medio corruptor en los casos que se le imputan, mientras Zapata respondió con alusiones histriónicas, retiradas a petición del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.
Vela y Pérez criticaron la filtración de las declaraciones de Villanueva, difundidas en televisión el mismo día en que declaró. Zapata negó estas filtraciones, asegurando que se tomaron medidas de seguridad. Tras escuchar ambas partes, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley informó que resolverá la tutela de derechos planteada por Vela y Pérez en el plazo de ley.
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