El establecimiento de entretenimiento para adultos conocido como ‘Las Cucardas’, ubicado en el Cercado de Lima, fue clausurado esta mañana por funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a que el local carecía de una licencia de funcionamiento vigente.
Personal de la municipalidad, incluyendo fiscalizadores y serenos, se presentaron en el lugar, al promediar las 8:30 de la mañana. Según el comunicado de la Municipalidad, dirigida por el alcalde Rafael López Aliaga, el local era conocido por ofrecer shows sensuales y servicios de trabajadoras sexuales.
A pesar de las múltiples llamadas de los trabajadores municipales, quienes intentaban saber si había alguien al interior del local, la puerta del establecimiento permaneció cerrada. La intervención fue realizada bajo la custodia de efectivos policiales.
Los fiscalizadores procedieron a clausurar Las Cucardas y abrieron un proceso administrativo sancionador contra la razón social que aparece en el registro del local, a nombre de Evelyn Gloria Sotomayor Cárdenas, por no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Esto significó que se le imponga una multa de S/10.300.
Durante el operativo, se observó la presencia de carteles en las puertas del establecimiento que indicaban “local en refacción, implementación de medidas de seguridad”. Estos hallazgos indicaron que el inmueble podría estar operando fuera de las condiciones adecuadas, lo cual será objeto de investigación.
El drama de las trabajadoras sexuales: Pagar por prostituirse
Si bien Las Cucardas es un lugar conocido por albergar a mujeres que brindan servicios sexuales, las ciudadanas -en su gran mayoría mujeres extranjeras y personas transgénero- entre los 19 y 30 años son víctimas de extorsión por parte de bandas criminales que pugnan por el dominio de esta actividad.
Según cuentan las propias trabajadoras sexuales, de las ganancias que obtienen por atender a sus clientes, una buena parte va a parar a las manos de los integrantes de estas peligrosas agrupaciones delictivas. Los pagos que les exigen sirven como un ‘cupo’ que les permite brindar sus servicios a los hombres que los solicitan. Estos pagos van entre los 200 a 600 soles por semana, dependiendo del distrito.
Para ellas da lo mismo ejercer la prostitución en Los Olivos que en San Juan de Miraflores, porque en cada una de las llamadas ‘zonas rosas’ de estas jurisdicciones opera siempre alguna de estas mafias. Independencia, el Centro de Lima, Lince y San Juan de Lurigancho son otros de los distritos que han sido tomados por estos proxenetas.
Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), se sabe que en Lima actúan mafias de extorsionadores de diversas nacionalidades. Criminales de Venezuela están enfrentados con las organizaciones criminales de Colombia y Perú, que pelean por quitarles las ‘plazas’.
Estas agrupaciones criminales tienen las calles lotizadas y despliegan a sus integrantes por las mismas para ver que se cumplan sus demandas. Mayormente a bordo de motocicletas, y siempre fuertemente armados, estos hampones recorren sus zonas, pese a los esfuerzos de las autoridades policiales y municipales.
Las mujeres víctimas de estos tratos amenazantes relatan que, cuando llegan a una zona, estas mafias envían mensajes por WhatsApp, en los que les lanzan una amenaza sutil. “No queremos citarlas una a una y hablarles de otra manera y luego se vayan a sentir incómodas, esperamos su pronta respuesta. Tienen que pagar una plaza de 200 soles”.
El trabajo sexual y su situación legal en el Perú
En este contexto, Cecibel Jiménez, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, explica a Infobae Perú que el trabajo sexual como tal no se encuentra penado dentro de nuestro país y, por lo tanto, no debe ser considerado como un delito; sin embargo, detalla que hay otras actividades, cuyos conceptos suelen confundirse entre sí, que se hallan dentro de esta categoría.
De acuerdo a la especialista, es crucial comprender que las trabajadoras sexuales solo se encuentran ejerciendo su derecho a laborar y, además, al ser sujetas de derecho, se tiene que reconocer su ciudadanía y su libertad para desempeñar el oficio que deseen. Sin embargo, destaca que es importante plantear medidas en torno al contexto de vulnerabilidad al que se ven expuestas de forma inherente.
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