El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley dispuso el último 6 de mayo el levantamiento del secreto de las comunicaciones en contra de la congresista miembro de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz. Ello, en el marco de las investigaciones que se siguen contra ella desde la fiscalía por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo y colusión. Ruiz es acusada de ser una más de los mochasueldos, requiriendo dinero a los asesores de su despacho provenientes de sus remuneraciones mensuales.
Ahora, mediante una resolución emitida por el juez Juan Carlos Checkley a la que Infobae Perú tuvo acceso, se pudo detallar que se había dispuesto la posibilidad de que la Fiscalía pueda indagar dentro de las comunicaciones realizadas tanto por la congresista, como por dos de sus asesores implicados en el caso; a fin de que se puedan llegar a más detalles respecto al caso en el que se ha implicado hasta a un fiscal del Ministerio Público.
La decisión, que fue solicitada por el Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales el pasado 31 de enero; y finalmente ha recibido una respuesta en la que se ordena no solo el levantamiento de secreto de comunicaciones contra la congresista de APP; sino también en contra de sus dos asesores, Camilla Melissa Mantilla Heredia; y Jaime Edward Sánchez Parra.
Las imputaciones que motivan el levantamiento del secreto de las comunicaciones
Según la resolución a la que este medio pudo acceder, la medida contra Magaly Ruiz se da por las imputaciones de los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo. El primero de estos, está relacionado con la contratación de la asesora Mantilla Heredia. Con quien, según la Fiscalía, “Ruiz habría concertado (...) a efectos de contratarla en su despacho congresal, sin que esta tenga que asistir regularmente a su centro de trabajo y/o realizar, trabajo remoto”.
En las denuncias periodísticas se señala a Mantilla de ser la pareja del hijo de la congresista, quien, con el poder que le confería su cargo y en abuso de este; le ordenó a la joven laborar apenas dos veces por semana de manera presencial.
En tanto, contra Edward Sánchez Parra, la fiscalía ha dispuesto una investigación por cohecho pasivo impropio. Este asesor era el encargado de contactarse con el resto de trabajadores del despacho de Magaly Ruiz, a fin de explicarles que “por disposición de la mencionada congresista de la República, debía entregar mensualmente a Romero Nima (asesor principal de la referida parlamentaria), el importe de S/ 1.500.00 soles, correspondiente al bono de alimentación”.
¿Qué fechas comprende la medida contra Magaly Ruiz?
La recopilación de las comunicaciones está establecido en periodos de fechas distintas de cada uno de los implicados. En el caso de Magaly Ruiz, el monitoreo va desde el 01 de noviembre del 2021 hasta el 30 de junio del 2022; mientras que para Jaime Edward Sánchez Parra el monitoreo de comunicaciones abarca desde el 1 de enero del 2022, hasta el 30 de junio del 2022; y finalmente, para el caso de Camila Mantilla, el levantamiento del secreto va del 01 de noviembre del 2021 hasta el 31 de marzo del 2023.
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