La solicitud del expresidente peruano, Alberto Fujimori, de restablecer el pago de su pensión vitalicia de más de S/ 15 mil y otros privilegios económicos como asistente personal y vales de combustible ha generado controversia. El exmandatario argumenta que tiene derecho a estos beneficios debido a su antigua posición como jefe de Estado, sin embargo, la Ley 26519, promulgada por él mismo en 1995, limita estas prerrogativas para aquellos expresidentes que han sido acusados constitucionalmente y sentenciados por el Poder Judicial.
El artículo 1 de dicha ley establece que los expresidentes constitucionales tienen derecho a una pensión equivalente a los ingresos de un congresista en actividad, con beneficios para sus cónyuges e hijos menores en caso de fallecimiento. Sin embargo, el artículo 2 de la misma ley suspende este derecho para aquellos expresidentes que han sido acusados constitucionalmente, a menos que sean declarados inocentes por el sistema judicial.
En el caso de Fujimori, quien fue indultado por razones humanitarias, pero aún mantiene una sentencia de 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta, la ley establece que no puede acceder a la pensión vitalicia. Además, el procurador general del Estado, Javier Pacheco, señaló que cualquier beneficio económico otorgado al expresidente sería embargado para compensar la deuda que mantiene con el Estado, especialmente la reparación civil de S/ 57 millones relacionada con delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Los delitos por lo que aún tiene que responder
Además, la Procuraduría Anticorrupción enfatizó la necesidad de asegurar que el padre de Keiko Fujimori permanezca en el país debido a los procesos de extradición pendientes en su contra. Mientras tanto, la Oficialía Mayor del Congreso está evaluando las solicitudes del exmandatario para determinar su viabilidad de acuerdo con la legislación vigente y los detalles específicos del caso.
“La decisión está en el Congreso y son ellos quienes deben cumplir la ley, sin embargo, de ser esto así (que los parlamentarios acepten darle los beneficios que pide), la Procuraduría Anticorrupción procederá a efectuar las medidas cautelares que correspondan a efecto de cobrar la reparación civil a favor del Estado peruano”, sostuvo.
Alberto Fujimori aún tiene cuentas pendientes con la justicia. A pesar de haber recibido indultos humanitarios en el 2023, todavía enfrenta procesos legales relacionados con diversas acusaciones. Estos asuntos judiciales abarcan desde graves violaciones de derechos humanos hasta corrupción y malversación de fondos públicos.
- Caso Pativilca
Uno de los casos más sonados que aún pesa sobre el padre de Keiko Fujimori es el denominado Caso Pativilca. En este proceso, se le acusa de ser el presunto autor mediato del asesinato de seis comuneros en la pampa San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca, Barranca, el 28 de enero de 1992. Según la tesis fiscal, estos crímenes fueron perpetrados por el Grupo Colina, una organización ilegal que operaba bajo las órdenes del gobierno del popular ‘Chino’.
En enero de 2018, Fujimori solicitó que se declare la extinción de la acción penal, pero el 9 de febrero del 2018, la Sala Penal Nacional rechazó el pedido y resolvió continuar con el proceso. “Resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, siendo, además, una medida que, como hemos analizado, colisiona claramente con derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución”, se indica en la resolución.
- Caso Chavimochic
Otro caso importante es el Caso Chavimochic, donde Fujimori está acusado de entregar fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al empresario Augusto Miyagusuku para la compra de terrenos en el Proyecto de Irrigación Chavimochic, en La Libertad. Según la fiscalía, esta transacción fue resultado de actividades delictivas en las que participaron Fujimori y Miyagusuku.
- Otros siete casos pendientes
Además de estos dos casos mencionados, el expresidente del Perú enfrenta otros siete procesos judiciales pendientes. Estos incluyen acusaciones relacionadas con la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como delitos como homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir y peculado doloso, entre otros.
Uno de los casos más sensibles es el de las esterilizaciones forzadas, donde Fujimori y varios de sus exministros están acusados de implementar una política de salud pública que incluía la esterilización de mujeres sin su consentimiento. Este caso fue calificado como una grave violación de los derechos humanos y está siendo investigado tanto a nivel nacional como internacional.
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