La excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no cuenta oficialmente con bienes a su nombre, ya que transfirió la herencia de su madre a sus hijas menores ante la posibilidad de un embargo, según un informe publicado este viernes por Hildebrandt en sus trece.
La política, que ha sido sujetada a prisión preventiva en dos oportunidades por acusaciones de lavado de activos, se enfrenta actualmente a un pedido de la Procuraduría que exige una reparación civil de 151 millones de soles. Sin embargo, su estrategia parece ser dejar sin opciones al Estado en caso de que el Poder Judicial decida a en su contra.
En el ámbito empresarial, la dirigente tiene participaciones en tres empresas y una asociación. De ellas, están activas Fuerza Popular, cuya participación no puede ser objeto de embargo, y Kyara29 EIRL, una empresa creada para operar el negocio de su hija influencer, con un capital social de 1,000 soles. Por otro lado, Fujimori y Mark Vito, su exesposo, no han establecido un patrimonio familiar en conjunto.
Sus hijas son menores —tienen 16 y 14 años—, por lo tanto, cualquier disposición sobre su patrimonio requiere del consentimiento de su tutor legal, que puede ser su madre o su padre.
El patrimonio heredado se compone de cuatro inmuebles, una camioneta y tres motocicletas. Estos bienes, valorados en más de 4 millones de dólares, incluyen una destacada casa en el distrito limeño de San Borja, donde Keiko y sus hijas residen actualmente. Dado que la herencia es indivisa, es necesario que los hermanos lleguen a un acuerdo sobre cómo distribuir estos activos.
En febrero de 2023, de acuerdo con el semanario, los hermanos Fujimori Higuchi formalizaron el proceso de sucesión intestada ante una notaría. Hiro y Kenji Fujimori se inscribieron como herederos, en tanto que Keiko y Sachi optaron por ceder su parte de la herencia a favor de sus hijos.
Juicio
El Poder Judicial programó para el próximo 1 de julio el inicio del juicio oral contra Fujimori y otros 45 imputados por lavado de activos. La acusación la vincula con aportes millonarios de empresas, entre ellas Odebrecht, para financiar sus campañas de 2011 y 2016.
La organización es de las más grandes en el Congreso y lidera la oposición al actual Gobierno. La preparación del juicio incluye la citación de 1.031 testigos, incluido los exdirectivos de Odebrecht. Jorge Barata, exdirector de la firma brasileña en Perú, afirmó haber aportado fondos a la campaña de Fujimori en 2011, acusación que ella niega.
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