Unos 41 procesados por tráfico ilícito de drogas fueron absueltos por el colegiado E de la Sala Penal Nacional que presidió la hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, de acuerdo con un reporte enviado por la exprocuradora antidrogas Sonia Medina a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y difundido este domingo por El Comercio.
La jueza Enma Benavides, además de los magistrados María Apaza Panuera y Lorenzo Ilave García, integraron ese colegiado entre noviembre de 2012 y marzo de 2015. El informe final del proceso disciplinario abierto por la JNJ contra las hermanas Benavides recomienda sancionar a los tres magistrados con la destitución al estar implicados en la recepción de dinero a cambio de absolver a imputados por narcotráfico.
Según Rosales, el colegiado E había ordenado la liberación de más de diez personas procesadas por narcotráfico, incluido los colombianos Roberto Carlos Gómez Herrera y Edison Ruiz Martínez. Según esa acusación, ambos habrían desembolsado entre 100.000 y 150.000 dólares a cambio de obtener un cambio en su medida cautelar de prisión preventiva por la de comparecencia. Al quedar en libertad, fugaron del país.
Ruiz fue detenido en Colombia, imputado por su participación en el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci, mientras que Gómez fue arrestado en España cuando intentaba ingresar al país ibérico una tonelada de cocaína oculta en bloques de granito y, a la fecha, se encuentra en prisión en Brasil a la espera de un proceso de extradición solicitado por las autoridades de ese país.
En 2011, de acuerdo con el informe, la policía antidrogas interceptó en Tingo María (Huánuco) dos camionetas que transportaban 210 kilogramos de cocaína. Las unidades, conducidas por Maximiliano Huamancaja Godoy y Ricardo Cuadros Julca, supuestamente estaban vinculadas a una constructora.
El colegiado liderado por Benavides, quien entonces era directora de debates, absolvió a Huamancaja dos años más tarde, pero la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio, que fue llevado a cabo por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
En un caso similar, en noviembre de 2014, el exsuboficial PNP Alejandro Colán, junto a Félix Raúl Clemente Granados y el ciudadano colombiano Robbin Lozano Padilla, fueron absueltos por la misma sala. Los acusados habían sido detenidos en 2011 en Chucuito (Callao) mientras intentaban embarcarse en una lancha con 79 kilos de cocaína. Posteriormente, este fallo también fue anulado por la Sala Penal Transitoria, y en un nuevo juicio oral, los tres fueron condenados por narcotráfico.
Responsabilidad
La exprocuradora Medina atribuye a Benavides la principal responsabilidad en las absoluciones otorgadas a los procesados. “El peso recae sobre el director de debates. Ella ocupó ese rol en todos los casos que hemos solicitado sean anulados. El director de debate tiene la responsabilidad de elaborar la sentencia final que posteriormente se presenta ante los demás jueces que componen la sala”, dijo.
“La señora mostró una productividad inferior al 50%. Por razones de meritocracia, se tomó la decisión de reasignarla a su plaza original, ya que no cumplía adecuadamente con las responsabilidades de la posición provisional que ocupaba”, explicó. La suspendida magistrada Patricia Benavides ha ratificado lo mismo ante la JNJ.
Para el exministro del Interior y especialista en narcotráfico, Rubén Vargas, se trata de un escándalo mayúsculo. “Es una sala que liberó a decenas de investigados por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. [...] Los magistrados de esta sala han tenido criterios sospechosamente laxos, [...] condescendientes con miembros de estructuras criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas”, zanjó.
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