El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró este jueves que no se arrepiente de haber condecorado el año pasado a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien entregó la Medalla de Lima por su lucha contra la corrupción en motivo del Día Internacional de la Mujer.
Durante una rueda de prensa en el Palacio Municipal, el burgomaestre elogió el trabajo de la magistrada, pese a que ahora se encuentra bajo investigación por supuestamente encabezar una red de tráfico de influencias. La condecoración, además, llevó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a iniciar una indagación preliminar contra Benavides.
“Los hechos posteriores los tiene que ver un juez. Un periodista no es juez, un fiscal tampoco lo es. Creo que se está sentenciando mediáticamente a una persona. Tengamos cuidado no vaya a ser que después salga liberada por mandato judicial de todos los cargos que ahora, en cargamontón, le están haciendo, como es estilo en Perú”, siguió.
Según los denunciantes, la condecoración de entonces estaba “prohibida por la normativa disciplinaria de los fiscales”, ya que López Aliaga se encuentra incurso en una pesquisa fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos por un caso vinculado al caso de los Papeles de Panamá.
El Ministerio Público formalizó en julio del 2022 la investigación contra el alcalde, un socio suyo y tres de sus compañías offshore. Además, la JNJ señaló en su resolución que existen “elementos suficientes sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria” de Benavides y, por ello, dispuso abrir la indagación.
Benavides, suspendida por seis meses, denunció ser víctima de una “arbitrariedad” con motivaciones políticas y calificó el operativo como una estrategia para precipitar su destitución.
“Rechazo la burda maniobra, evidentemente concertada, de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y a la opinión pública y así forzar la injusta destitución”, sostuvo.
Según la hipótesis fiscal, la organización supuestamente liderada por la magistrada influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” para destituir a los titulares de la JNJ, designar al actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, e inhabilitar a la exfiscal general Zoraida Ávalos.
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