Delia Espinoza cuestionó la tutela de derechos de la congresista Patricia Chirinos con la que busca separarla de la investigación que la referida fiscal suprema inició en su contra por presuntamente haber coordinado con el entorno de Patricia Benavides la denuncia contra los jueces que otorgaron una medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Según el abogado de Patricia Chirinos, Humberto Abanto, la investigación contra su patrocinada debe estar a cargo del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y no de Delia Espinoza. Alegó que Villena se excusó de la investigación principal (la presunta organización criminal que lideraría Benavides) por ser testigo en la referida pesquisa, pero, añade el letrado, no tiene esa condición en el caso donde se ha visto involucrada la legisladora.
En respuesta, la fiscal suprema recordó que la investigación del caso Patricia Benavides es un caso complejo donde todos los investigados estarían relacionados. Además, advirtió que, si Juan Carlos Villena no se aparataba del caso por ser testigo, la investigación podría ser susceptible de nulidades posteriores.
En esta investigación, a Patricia Chirinos se le atribuye la presunta comisión de los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico. Se le imputan los mismos ilícitos a Patricia Benavides y a los tres exfiscales adjuntos supremos que habrían intervenido en la denuncia contra los jueces de la Sala Constitucional que emitió una medida cautelar a favor de la JNJ.
Delia Espinoza habilitada
Una nueva resolución del Poder Judicial ha ratificado que la fiscal suprema Delia Espinoza está autorizada para continuar con la investigación contra los congresistas implicados en una presunta red delictiva que sería liderada por Patricia Benavides. Esta decisión también confirma lo establecido anteriormente por el juez supremo Juan Carlos Checkley, afirmando que Espinoza posee la competencia completa para manejar el caso de la exfiscal de la Nación suspendida.
El magistrado Saúl Peña Farfán, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, determinó esta medida al desestimar una tutela de derechos presentada por el parlamentario Edgar Tello, quien buscaba anular la acción fiscal que lo incluyó, junto a otros 13 legisladores, en la susodicha investigación.
La queja presentada por Tello argumentaba una violación a su derecho al debido proceso, basándose en que, debido a su prerrogativa de antejuicio político, únicamente el fiscal de la Nación podría investigarlo. A pesar de reconocer que los fiscales supremos Villena y Pablo Sánchez se excusaron de participar en el caso por ser testigos, la defensa de Tello sostuvo que dicha exclusión no se aplicaba a toda la causa, sino específicamente en lo relativo a Benavides Vargas.
Sin embargo, la fiscal Espinoza contradijo este argumento, señalando la conexión de Tello y Benavides en uno de los eventos investigados: la presunta compra de votos para conseguir la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. El fallo de Peña respaldó esta visión, validando así que Espinoza continúe con la indagación.
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