Richard Rojas García, operador del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, e investigado por presunto lavado de activos, ingresó a trabajar como técnico en el despacho del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, según un informe difundido este martes por Bunker, programa conducido por la periodista Juliana Oxenford.
De acuerdo con el reportaje, Rojas visitó tres veces la segunda vicepresidencia del Parlamento el 1, 5 y 8 abril. Al día siguiente, además, se reunió con una auxiliar “para ver temas burocráticos” y el 10 de abril dejó sus documentos en la oficina de registro y control, según registros oficiales citados por el programa.
Militante activo de Perú Libre de 2017, Rojas fue secretario del partido hasta 2023, cuando pasó a convertirse en jefe de campaña del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Desde entonces, a la fecha, no hay data de renuncia a la organización.
En julio de 2021, Cerrón acudió a una sucursal bancaria de Lince con la intención de retirar S/376.930 de su cuenta BBVA mediante un cheque de gerencia a nombre del recientemente contratado por el Legislativo. Sin embargo, según El Comercio, la operación fue bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
A pesar de las controversias, el gobierno de Castillo lo nominó para embajador en Panamá, aunque la nación centroamericana optó por el silencio diplomático. Posteriormente, fue designado en el mismo cargo para la Venezuela bajo dictadura de Nicolás Maduro.
Seis meses clandestino
Cerrón ha evitado la justicia durante seis meses después de su condena por corrupción en el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’, por el que un tribunal lo declaró culpable de colusión y le impuso una pena de prisión de más de tres años.
Pese a los intentos de las autoridades por capturarlo, que incluyen una recompensa de S/ 100.000 para quien brinde información sobre su ubicación, el líder de Perú Libre sigue fugitivo, pero activo en redes sociales, donde incluso ha criticado a la Policía Nacional (PNP) y se ha mostrado en una fiesta con allegados.
Su huida se inició en octubre de 2023, tras la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín. La sentencia incluyó cárcel efectiva y el pago de una reparación civil de 800 mil soles, a repartirse entre los implicados.
El despacho de la jefa de Estado explicó que el vehículo “se encontraba realizando una comisión de servicio”; sin embargo, durante ese período no se registraron actividades oficiales ni visitas en Palacio. Por su parte, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, declaró que Boluarte tiene la facultad de usar los vehículos oficiales para actividades tanto oficiales como personales.
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