A inicios de marzo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un comunicado oficial para exigir al Gobierno medidas inmediatas de protección a favor de la lideresa indígena Olivia Bisa Tirco, presidenta de la Nación Chapra en Loreto, quien actualmente enfrenta amenazas de muerte por su lucha contra los impactos de las industrias extractivas en su territorio.
A la fecha, el comunicado, suscrito por más de 20 organizaciones de derechos humanos y ambientales, tanto nacionales como internacionales, no ha sido tomado en cuenta por el Estado peruano y Bisa, y su familia, continúa en grave peligro.
Esta mañana, en entrevista con Infobae Perú, la lideresa indígena ha dado a conocer que la situación de riesgo que enfrenta la ha obligado a vivir “como si fuera un criminal” en su propio hogar. Hoy, la protección de Olivia y su comunidad depende únicamente de los guardianes del bosque —como ella los llama— un grupo de voluntarios que patrullan el área para detectar y actuar ante invasiones y actividades ilegales.
De acuerdo a la presidenta de la Nación Chapra, desde que asumió su posición de liderazgo, a mediados de 2022, ha venido enfrentando amenazas por exigir remediación para los daños provocados por el derrame de petróleo que ocurrió en septiembre de 2022 cerca del Kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano, operado la agencia estatal Petroperú.
Este hecho tuvo efectos devastadores en los recursos hídricos de las comunidades Chapra, afectando sus actividades de pesca y suministro de agua.
Nulo papel de la Defensoría y Ministerio de la Mujer
En ese contexto, Olivia Bisa critica la inacción y falta de apoyo concreto por parte de las instituciones estatales, como la Defensoría del Pueblo, a cargo de Josué Gutiérrez Cóndor, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), encabezado por Nancy Tolentino. Ambas instituciones no hacen seguimiento al caso de la defensora indígena.
No obstante, la lucha de Bisa no solo abarca la defensa de la naturaleza, sino también problemas sociales profundos que ocurren en las comunidades chapra, como el suicidio, embarazo en adolescentes, violencia familiar, y discriminación de género, lo que ha llevado a solicitar sin éxito un Centro de Emergencia Mujer (CEM) Intercultural.
Además, a pesar de haber buscado ayuda en diversas instituciones, como el Ministerio de Justicia y la Fiscalía de Derechos Humanos, Olivia resalta la falta de una respuesta adecuada y la lejanía de los servicios legales y de apoyo, concentrados en la capital de Loreto, Iquitos, lejos de las comunidades nativas.
Este aislamiento complica aún más el panorama, obligándolas a enfrentar solas estas problemáticas, de ilegalidad, entre otros, sumado los desafíos logísticos para obtener justicia.
“Todas las cosas se mueven con dinero. No contamos con presupuesto. Todo el rol que nosotros realizamos es porque somos conscientes de lo importante que es el medio ambiente, el bosque, el territorio. Tenemos un vínculo muy fuerte con el territorio”, explica la presidenta de la Nación Chapra.
Exclusión estatal es permanente
Por otro lado, durante el diálogo con este medio, Bisa se refirió a la Resolución Ministerial N.° 0285-2024-IN, que crea un “Grupo de Trabajo Sectorial encargado de la elaboración de los Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección y medidas urgentes de protección a favor de las personas defensoras de derechos humanos”, a cargo del Ministerio del Interior (Mininter), en coordinación con la sociedad civil.
Sobre ello, la lideresa indígena la calificó de negativa, dada la exclusión de organizaciones indígenas en su desarrollo para garantizar la creación de políticas eficientes que protejan verdaderamente a los pueblos indígenas.
En la actualidad, organizaciones como Alianza Cuencas Sagradas y Amazon Watch se han unido a la causa del Gobierno Autónomo de la Nación Chapra (GTANCH), proporcionando apoyo y difusión a la labor de Olivia por defender los derechos ambientales y territoriales.
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