El ministro del Interior, Víctor Torres, enfrentó este miércoles a la prensa al comparar los índices de criminalidad del país con los que registra México y Colombia, e invocó a resaltar las iniciativas de su gestión para enfrentar la problemática y “otorgar paz y tranquilidad a los ciudadanos”.
El titular del portafolio explicaba sobre los avances del estado de emergencia que el Gobierno declaró el 12 de febrero en Trujillo y la provincia de Pataz, ambas en la región de La Libertad, ante la creciente ola delictiva que vive la zona, cuando encaró a los reporteros que cubrían la conferencia.
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“En Colombia y México, el índice de criminalidad quizás es más elevado que en Perú; sin embargo, los medios de acá hacen ver lo contrario. En ese sentido, pido su colaboración a efectos de que contribuyan a otorgar paz y tranquilidad a los ciudadanos”, abundó.

Según Numbeo, una base de datos a nivel global, el índice de criminalidad en Perú es de 67,81, mientras que el de México y Colombia se fija en 53,74 y 61,19, respectivamente. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió el año pasado que hubo un aumento de asesinatos por el crimen organizado y el narcotráfico, mientras que las autoridades colombianas han indicado que las actividades de narcotráfico despuntaron la violencia en Bogotá y en el suroccidente del país.
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La mandataria recalcó, de igual modo, que las manifestaciones supusieron “pérdidas económicas mucho más altas que el COVID-19″ para la economía del país, y aseguró que la nación estaba lista para la inversión extranjera.
Entre enero y junio de 2023, el acto delictivo más común en áreas urbanas del país fue el robo de dinero, cartera o celular con una tasa de 12,3%, es decir, aproximadamente 12 de cada 100 habitantes de dichas áreas sufrió de un robo de estas características.
Al mismo tiempo, existe un problema de confianza con las autoridades, pues aproximadamente un 39% de las personas que decidieron no denunciar un crimen cometido contra su persona lo hicieron porque consideraron que era una pérdida de tiempo.
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La medida se extenderá por 60 días e involucra notablemente a Trujillo, tercera ciudad del país y eje industrial del norte peruano, así como Pataz, donde las mafias de oro ilegal han echado raíces. Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas como el Tren de Aragua.
En Trujillo en lo que va del año se produce casi una muerte por día, mientras que en Pataz son alrededor de 20 las bandas de minería aurífera ilegal, que han sido denunciadas por la voladura de siete torres de alta tensión de energía eléctrica, ataques con dinamita a compañías mineras formales y fuerzas policiales.
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