El magistrado Henry Ávila dimitió este martes al pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), después de ser nombrado por el colaborador eficaz Jaime Villanueva en un testimonio ante el Ministerio Público que hasta ahora no se ha hecho público. En una carta remitida a Humberto de la Haza, presidente del máximo órgano de la judicatura, el jurista negó los señalamientos e indicó que presentó su renuncia para “garantizar la integridad, transparencia y la institucionalidad”.
Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, testificó “un conjunto de hechos notoriamente falsos” respecto a una supuesta visita que realizó en su despacho el exministro de Justicia, Félix Chero, en mayo de 2022. “Rechazo enérgicamente y con mucha indignación todos esos contenidos malintencionados y agravantes de cómo el señor Jaime Villanueva ha declarado ante la autoridad fiscal”, se lee en la misiva.
Ávila, quien integraba el grupo de siete juristas de la JNJ, remarcó en sus líneas finales que, en cuatro años de gestión, “ha desarrollado [su labor] con toda honestidad, transparencia y corrección”; y que su salida se debe “principalmente por razones del deber del cuidado de la cosa pública (sistema de justicia) y en segundo orden, por mis principios morales”.

“De ninguna manera implica una aceptación de los hechos que contiene la declaración del señor Jaime Villanueva”, zanjó. Según la Ley Orgánica de la JNJ, el presidente del organismo ―o el vicepresidente, en caso de su ausencia― debe declarar la vacancia por renuncia y convocar al primer suplente por orden de mérito: el abogado Abraham Siles.
En una columna dominical difundida por El Comercio, el periodista Ricardo Uceda deslizó que Villanueva habría presenciado que un miembro de la JNJ le pidió favores al exjefe de la cartera de Justicia. Chero, quien fue juramentado en marzo 2022 por el expresidente Pedro Castillo, fue uno de los primeros ministros en dimitir ante el autogolpe y por “respeto a la institucionalidad democrática”.

Villanueva ya había mencionado en sus declaraciones a otro miembro de la JNJ, Guillermo Thornberry, a quien sindicó como el responsable de, presuntamente, brindar información a Benavides durante su proceso de evaluación para fiscal suprema, a través del exministro y militante aprista, Hernán Garrido Lecca.
De igual modo, anticipó que acudirá el próximo dos de abril a brindar su testimonio ante el Ministerio Público para “esclarecer las interrogantes que motivan mi convocatoria”.
“Como miembro titular de la Junta, todas mis decisiones se encuentran debidamente motivadas y con arreglo a ley, así como publicadas en la página web institucional, cumpliendo con el deber de transparencia”, zanjó.
Más Noticias
BTS en Perú: Cómo comprar entradas en preventa por Ticketmaster y no fallar en el intento
Con el anuncio de los conciertos, ARMY en Perú se prepara para una de las ventas de entradas más competitivas de los últimos años

Paulo Autuori preocupado por el aumento de cupo de extranjeros en Liga 1: “¿Qué clase de recambio generacional hará Perú?
Al entrenador de Sporting Cristal le desagrada totalmente la nueva medida que impulsará la organización del fútbol nacional. “Me niego”, sostuvo

Aumenta el contrabando de gas desde Bolivia: “Sigue siendo más barato que el peruano” y cruza por rutas sin control
La diferencia de precios, casi el triple, impulsa un contrabando sostenido de gas licuado, con pasos fronterizos sin control efectivo y participación de actores locales, mientras familias bolivianas enfrentan largas filas para abastecerse

Promperú lanza convocatoria de trabajo 2026 en Lima y 7 regiones: ofrece sueldos de hasta S/ 10.000
En total se ofrecen 16 plazas para profesionales universitarios, bachilleres y egresados técnicos que puedan desempeñarse en distintos departamentos como La Libertad, Piura, Puno, Cusco y Tacna.

Petroperú y el concurso que rozó la puerta: cómo un decreto le compró tiempo al Estado
La medida tomada a través de un decreto de urgencia permitió suspender temporalmente el riesgo de que la petrolera estatal quede en manos de acreedores y pierda la capacidad de gestión pública sobre sus activos



