La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este viernes 16 de febrero el informe final que recomienda destituir e inhabilitar 10 años de la función pública a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta infracción constitucional.
El informe final recibió 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Nuevamente, congresistas de Perú Libre y Fuerza Popular votaron en el mismo sentido.
Informe final elaborado por el congresista Esdras Medina. En este documento, el parlamentario atribuye a Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry haber infringido el artículo 156 de la Constitución, cuyo inciso 3 establece que para ser consejero se requiere ser mayor de 45 y menor de 75.
Cabe precisar que dicha resolución de la JNJ se amparó en un informe técnico emitido por la Autoridad Nacional de Servir que concluyó que el rango etario de entre 45 y 75 años establecido en la Constitución solo es aplicable al momento de postular.
El informe final contra la JNJ
En el informe final se consigna que los exmiembros de la Comisión Especial JNJ citados, Ernesto Blume, Walter Gutiérrez y José Lecaros, coincidieron “de manera inequívoca e inobjetable” en que el rango etario es una “condición de entrada y una condición de permanencia” como integrante de la JNJ.
Sin embargo, se omite que Blume, en 2019, sabía la edad de Tello de Ñecco y se mostró a favor de que permanezca los 5 años de mandato en caso fuera elegida. Esto fue lo que dijo el expresidente del Tribunal Constitucional en dicha oportunidad:
El informe final también sostiene que Servir no tendría “facultades para interpretar la Constitución en forma vinculante”. Sin embargo, la Ley que crea la institución establece como función “emitir opinión técnica vinculante en las materias de su competencia”.
¿Qué seguiría?
En caso de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales apruebe el informe final, el documento pasará a la Comisión Permanente, que deberá debatir y votar las conclusiones.
En caso sea ratificado, el informe final pasará al Pleno del Congreso. Debido a que se trata de una propuesta de inhabilitación, se requiere del voto de los 2/3 del número legal de congresistas, sin participación de los parlamentarios que integran la Comisión Permanente.
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