
Cusqueños enfrentados. El congresista Luis Aragón fue denunciado ante la Comisión de Ética por las declaraciones realizadas en contra del presidente del Parlamento y colega cusqueño, Alejandro Soto, de acuerdo al documento al que accedió Infobae Perú.
El ciudadano Francisco Chutas, también presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito cusqueño de San Sebastián, mencionó en la demanda que el parlamentario de Acción Popular incurrió en la violación de los artículos 1 y 2, referente a los principios de respeto, tolerancia, responsabilidad, bien común, integridad y objetividad; así como el artículo 6 del Código de Ética Parlamentaria.
Además de incluir las declaraciones en las que Aragón llamó “traidor” al titular del Legislativo, el dirigente argumentó que el objetivo es “manchar la imagen y nombre de otros colegas para quedar bien”.
“No puede existir ningún argumento válido que justifique las acciones el congresista Luis Aragón en contra de sus colegas, dichas acciones deben ser sancionadas según lo estipulado en el Código de Ética Parlamentaria dado que nuestra región Cusco requiere un trabajo conjunto por todos los congresistas de la región no ataques entre ellos, como es el caso”, mencionó en el documento al que accedió este medio.
Alejandro Soto infringió los mismos artículos
Curiosamente, el hoy defendido por el ciudadano Chutas también incurrió en la violación de los artículos del Código de Ética por los que fue denunciado Aragón. Como reveló el diario El Comercio, Soto utilizó el programa “Ronda Política”, de la cadena cusqueña CTC, para despotricar contra las autoridades de su región.
“Durante un año y medio como legislador, utilizó el programa, que se emite los domingos de 5 p.m. a 8 p.m. en la Ciudad Imperial, para cuestionar al ex gobernador regional Jean Paul Benavente, pedir que azoten a los alcaldes provinciales y distritales cusqueños y criticar y permitir ataques en contra de los otros congresistas de la referida región”, menciona la nota.
“El gobernador habla tonterías y junto con él todo su aparatejo que paga mensualmente, que se dedican a denostar, a insultar al único congresista que tiene el Cusco, porque parece que los demás no existen, ¿no? Al único congresista que trajo concentradores de oxígeno, que visita el pabellón de quemados del hospital, ahora pretenden llamarle traidor”, manifestó el pasado 7 de noviembre de 2021, casi cuatro meses después de asumir el cargo.
Luego de denominarse como “víctima de trolls”, insistió en que es el único parlamentario que labora en favor de su región. “Parece que Alejandro Soto es el único congresista, no hay más, no se ocupan de nadie, soy el único que los fiscaliza, soy el único que les dice a esos que roban al pueblo ladrones, son ladrones y sin vergüenzas aquellos que usan páginas falsas para hacerme ver como un traidor, yo en 100 días [como legislador] he hecho más que Benavente”, subrayó.

En el mismo programa, el hoy presidente del Congreso expresó un discurso violento. Sugirió a su público “comenzar a azotar” al entonces gobernador regional y otras autoridades locales.
“El pueblo lo ha sancionado y le ha metido tres latigazos, acá cuántas autoridades no merecerían no solo tres latigazos, habría que fuetearlos (viene de fuete, un látigo más grande, usado para los animales) a diario por los incompetentes, ineptos que son. [...] Acá en el Cusco deberíamos comenzar a azotar a Benavente y a los alcaldes provinciales y distritales, entre ellos a Mario Loayza, y lo digo con nombre propio, al alcalde de San Sebastián”, expresó.
De “víctima” a investigado por “fábrica de trolls”
Aunque en el programa se autodenominó como víctima de trolls, posteriormente la Fiscalía lo investigó por liderar una “fábrica de trolls”. Ello, a partir de un informe periodístico de Cuarto Poder en el que se conoció que trabajadores de su despacho entregaron mensualmente una cuota para que se pague publicidad en redes sociales, con el fin de ensalzar su imagen y atacar e insultar a otros legisladores, sobre todo a los que provienen de la región Cusco, como él.
Recientemente, el Ministerio Público calificó la indagación como “compleja”, por lo que se fijó un plazo adicional de ocho meses para las diligencias.
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