María Cordero: PJ le da medidas de protección por supuesto acoso de exasesor que denunció recorte de sueldo

El Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de la congresista María Cordero Jon Tay e impuso medidas de restricción contra su exasesor Rafael Cabrejos Vela, quien la denunció por recorte de sueldo, por supuesto acoso laboral. Se trata del extrabajador al que la parlamentaria, en un audio, le exige ir a un banco para que entregue parte de su remuneración.

Según el expediente judicial al que accedió Infobae Perú, Cordero Jon Tay hizo la denuncia ante la Policía el 18 de noviembre de 2023, días antes de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara el informe final que recomienda acusarla por concusión e inhabilitarla por 10 años de la función pública.

En el parte policial, la congresista narra hechos que supuestamente habrían ocurrido en enero de 2023, 10 meses antes. Específicamente, le atribuye a su extrabajador haber proferido frases machistas en su contra.

Incluso, la congresista María Cordero llega a asegurar que despidió a Rafael Cabrejos Vela “por el acoso que sufría”.

Debido a que el otorgamiento de medidas de protección es un proceso especial (tutela preventiva), no se despliegan actos de investigación o corroboración de la denuncia, sino que el juez estima si existe un riesgo latente en perjuicio del denunciante.

Por ello, la jueza Lucrecia Lourdes Chávez Flores, del Cuarto Juzgado de Familia de Lima Este, afirmó que hay “serios indicios en relación a los hechos que constituyen violencia psicológica y acoso”, por lo que, sostiene, la congresista María Cordero estaría “en riesgo y peligro inminente”.

La magistrada Chávez Flores dictó las siguientes medidas de protección a favor de la congresista María Cordero Jon Tay. Estos son los impedimentos que se le han impuesto a su exasesor Rafael Cabrejos Vela:

• Impedimento de ejercer violencia psicológica o cualquier otro tipo de violencia
• Impedimento de acercamiento o proximidad a una distancia no menor de 500 metros a la redonda
• Impedimento de comunicación ya sea telefónicamente, mensajes de texto, redes sociales, Facebook, WhatsApp, con la finalidad de insultarla, humillarla, maltratarla, acosarla, escribirle improperios y frases indecentes
• Tratamiento reeducativo, gratuito y obligatorio en hospital o centro de salud estatal, para tratar manejo de agresividad y control de impulsos

Si Cabrejos Vela incumple alguna de estas restricciones se enfrentaría a una eventual denuncia por resistencia y desobediencia a la autoridad.

En un escrito remitido al Congreso, el exasesor Rafael Cabrejos Vela asegura que la denuncia que hizo la congresista María Cordero Jon Tay es falsa ya que para la fecha en la que habría ocurrido el supuesto acoso, ya no trabajaba en el Parlamento.

“Está claro que esta falsa denuncia busca ser una instrumentalización del Poder Judicial en búsqueda de tener argumentos de defensa en la denuncia que interpuse ante el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación”, protestó Cabrejos.

De acuerdo con el extrabajador, Cordero Jon Tay se estaría vengando de él por haber revelado el recorte del sueldo del que era víctima.

“Actuando con pleno desprecio a la verdad, a sabiendas de la falsedad de la información, me acusa de ‘violencia psicológica y acoso’, atribuyéndome frases y conductas que nunca ha realizado, lo que revela la ausencia de verificación y la falta a la verdad con el componente subjetivo finalísimo de calumniar y menoscabar mi reputación”, reclamó.

Asimismo, el exasesor Rafael Cabrejos denunció que la resolución judicial no le fue notificada debidamente. Esto conllevó a que el plazo para interponer la apelación empezara a computarse sin que tuviera conocimiento de la resolución.

Cuando impugnó la decisión, la jueza Lucrecia Lourdes Chávez Flores declaró improcedente la apelación por haberse presentado fuera del plazo.

El último miércoles, la congresista María Cordero solicitó a la Comisión Permanente reprogramar el debate y votación del informe final que recomienda acusarla por concusión e inhabilitarla 10 años de la función pública. Alega encontrarse delicada de salud. Clínica Jesús del Norte le expidió un descanso médico de 5 días.