
El movimiento social peruano Acción Andina ha sido galardonado este martes con un prestigioso reconocimiento internacional, recibiendo el premio conjunto del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Esta distinción se otorga en reconocimiento a su notable labor de rehabilitación forestal en la cordillera de los Andes y su ambicioso proyecto de cultivar treinta millones de árboles para 2030 en América Latina.
La colaboración entre la organización conservacionista no lucrativa ECOAN (Asociación Ecosistemas Andinos) y Global Forest Generation (GFG) ha situado a Acción Andina como un Emblema Mundial de la Restauración de la ONU. “Durante demasiado tiempo, el desarrollo económico se ha producido a expensas del medio ambiente. Sin embargo, hoy vemos los esfuerzos mundiales para marcar el comienzo de una recuperación de la naturaleza”, destacó Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma.
El proyecto no solo se enfoca en la protección del paisaje andino, sino que también involucra activamente a 25 mil habitantes de comunidades remotas en el proceso de restauración de 5 mil hectáreas (ha) y la protección de 11 mil hectáreas de bosques andinos.

Con una visión de futuro, el objetivo es expandirse a casi 800 mil hectáreas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, restaurando y cultivando 30 millones de árboles. Este enfoque resolutivo destaca la importancia del agua, el paisaje, la protección de ecosistemas, la biodiversidad y la cultura en toda la región andina, poniendo de manifiesto el papel crucial de las comunidades locales y nativas en estas iniciativas.
Esta conmemoración se produce justo antes de la VI Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-6), que tendrá lugar en Nairobi del 26 de febrero al 1 de marzo, y donde se discutirá el multilateralismo como medio para enfrentar las crisis medioambientales globales.
El ejemplo de Acción Andina, junto con otros seis proyectos a nivel mundial reconocidos por el Pnuma y la FAO, reafirma que es posible revertir la degradación de los ecosistemas, por lo que contribuye simultáneamente a combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Estos proyectos, que apuntan a restaurar cerca de 40 millones de hectáreas y a crear alrededor de 500 mil puestos de trabajo, demuestran el impacto positivo y tangible que puede lograrse mediante el compromiso global y la cooperación.

Relator de la ONU se pronuncia por Ley Antiforestal en Perú
El relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), José Francisco Calí Tzay, ha emitido una seria advertencia al Perú respecto a las recientes reformas a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Según el experto, dichas modificaciones legislativas ponen en peligro la integridad de los bosques y aumentan significativamente la vulnerabilidad de los defensores de los derechos indígenas frente a la violencia, al promover un contexto de impunidad frente a actividades ilegales.
Subrayó que las reformas, ratificadas por el Congreso peruano, podrían facilitar la legalización de la apropiación indebida de tierras de comunidades indígenas, amenazando su existencia y patrimonio cultural. Además, resaltó la preocupación por el hecho de que, aproximadamente, un tercio de los territorios indígenas no posee aún la titulación oficial, lo que los expone a un mayor riesgo. Se criticaron las irregularidades observadas durante el proceso legislativo, mencionando la negligencia de reconsideraciones solicitadas y la promulgación de la ley sin atender a estas alarmas.
Esta ley ha sido duramente criticada por organizaciones indígenas, como Aidesep, que la han denominado Antiforestal por contravenir compromisos ambientales y omitir consultas previas requeridas por la ley, además de fomentar la impunidad en actividades ilícitas. Bajo este nuevo marco legal, se prevé que la deforestación en la Amazonía, crucial para la regulación del clima global y la conservación de la biodiversidad, se intensifique, lo que representa un riesgo no solo para los pueblos indígenas sino también para la sociedad peruana, incrementando su vulnerabilidad ante desastres climáticos.
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