La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, ha emitido una advertencia severa al gobierno peruano en relación con las modificaciones realizadas a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, las cuales fomentan la impunidad en actividades ilegales en los bosques y aumentan la violencia contra los defensores de los derechos indígenas.
Calí Tzay destacó que estas reformas, aprobadas por el Congreso de la República, podrían conducir a la legalización del despojo de tierras pertenecientes a comunidades indígenas, poniendo en riesgo su supervivencia tanto física como cultural.
El experto de la ONU también señaló que, aproximadamente, un tercio de las tierras indígenas aún carece de titulación oficial, lo que agrava su vulnerabilidad. Esta situación se ve exacerbada por la denuncia de irregularidades durante el proceso legislativo, incluida la omisión de reconsideraciones solicitadas por los parlamentarios, y por el hecho de que el Congreso ordenó la promulgación de la ley sin tomar en cuenta estas preocupaciones.
La inquietud expresada por el relator de la ONU se suma a las voces de protesta de organizaciones indígenas, entre ellas Aidesep, quienes han criticado duramente la ley tildándola de Antiforestal por violar compromisos ambientales, fomentar la impunidad en actividades ilícitas internacionales y omitir procesos de consulta previa.
La deforestación de la Amazonía, vital para la regulación del clima global y la biodiversidad, podría acelerarse bajo esta nueva normativa. Esta situación compromete no solo a los pueblos indígenas, sino también a la población peruana en general, ya que la pérdida de bosques incrementa la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos.
Aunque las implicaciones de la legislación son profundas y de gran alcance, hasta el momento no se han anunciado medidas correctivas ni se ha visto una respuesta oficial por parte del gobierno de Perú ante las preocupaciones planteadas por la ONU y las organizaciones indígenas.
Una de las consecuencias más graves de estas reformas es el incremento en la vulnerabilidad de los líderes indígenas y ambientalistas, muchos de los cuales han enfrentado amenazas, ataques e incluso asesinatos por oponerse a actividades ilícitas en sus territorios. En palabras de Calí Tzay, “33 líderes indígenas han sido asesinados”, un dato alarmante que ilustra la gravedad del conflicto y la necesidad de acciones concretas para proteger a estas comunidades.
Con la reforma, el vacío dejado por la falta de protección estatal se hace evidente, permitiendo que grupos criminales profundicen el caos a través de la tala ilegal, la minería informal, y el narcotráfico, desintegrando el tejido social y socavando las instituciones públicas. Esta situación refleja un retroceso en la gobernanza forestal del país y destaca la importancia de proteger los derechos y territorios de los pueblos indígenas ante el avance imparable de la explotación de recursos.
Las alertas emitidas por el relator especial Francisco Calí Tzay de la ONU sobre las reformas a la legislación forestal y de fauna silvestre en Perú representan un llamado crítico a revisar y redirigir las políticas que afectan directamente a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
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