
La minería ilegal en Pataz (provincia de La Libertad) no solo resulta en un inconveniente para la seguridad de una zona que incluso en la hay mucha presencia de organizaciones criminales, sicariato y secuestros, sino que sus operaciones llegan a conseguir documentación oficial que ‘blanquea‘ el origen de sus actividades. Estas actividades serían el motivo por el que se estaría solicitando que e declare en emergencia la región, además de la creciente actividad delictiva.
Un informe de El Comercio reveló que en esta zona de explotación minera, donde operan tres empresas como Poderosa, Horizonte y Marsa, se registraron al menos 3.417 volquetes de capacidad de entre 20 y 30 toneladas que salen del área de explotación. Ninguno pertenece a las tres compañías, pero sí se les puede identificar como parte de otras cuyos gerentes se encuentran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El total de volquetes corresponde al periodo entre septiembre del año 2023 y febrero del año 2024, lo que implica que las mineras ilegales están extrayendo en promedio 22 volquetes al día, lo que a su vez significa que se extraen más de 600 toneladas de mineral de esta zona y que van directamente a la exportación ilegal de este material.
El problema, según la fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Transitoria de La Libertad, Patricia Ponce Saavedra, es que pese a que son camiones que contienen minerales extraidos de forma ilegal, obtienen documentos formales cuyo origen no puede confirmarse y sobre los que no hay una correcta fiscalización.

Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia, indicó a El Comercio que “incluso si hubiera voluntad de fiscalización, no hay capacidad operativa para confirmar si los volquetes provienen de la concesión con los papeles en regla”. En estos casos los procedimientos indican que solo se ve el documento y la intervención de la pollicía no es posible pues se trata de un tema administrativo.
Aunque la minería ilegal sí esté incluida como parte del Código Penal del Perú como un delito, la forma en la que el artículo específico está planteado no incluye el transporte como parte de esta infracción, algo que sería utilizado por las mineras ilegales para que no se intervengan sus vehículos.
Según el registro de plantas autorizadas para el beneficio de minerales, solo en Ica existen 16 plantas de este tipo para las actividades de “pequeña y mediana minería” y a nivel nacional se calcula que hay 117 de ellas, sin embargo el número sería ‘referencial’ según la propia plataforma del Minem.
Inseguridad en Pataz
Uno de los productos de la actividad minera ilegal en Pataz es que es posible encontrar casos de asesinato en la zona. Recientemente fueron hayados los cuerpos de dos hombres identificados como Cleodomiro Cruz Vera, de 37 años, y Junior Yonel Asto Arce, también de 37 años. Ambos fueron encontrados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) con un arsenal de armas y más de 8.000 municiones.

Tras la identificación de los cuerpos y la realización de la autopsia correspondiente, los cadáveres permanecen en la morgue de Trujillo, y posteriormente serán entregados a sus respectivas familias
Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sostuvo que se construirá una instalación del Ejército en Pataz pues, según el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, no quiere que este nuevo estado de excepción sea liderado por la Policía Nacional del Perú (PNP), sino que prefiere que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) tomen el control del asunto.
“Hoy hemos enviado el documento formal al Ejecutivo, recuerden que eso (el estado de emergencia) se justifica. El pedido es simple, estamos pidiendo que las Fuerzas Armadas tomen dos provincias, la provincia de Pataz y la provincia de Trujillo”, explicó Acuña Peralta.
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