Expresidente de la ATU, José Aguilar, niega haber cometido corrupción al favorecer contratación de empresa por S/500 millones

El expresidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) José Aguilar se pronunció respecto a la denuncia por corrupción en su contra. Recordemos que el dominical Panorama reveló que este exfuncionario público es investigado por la Fiscalía porque se sospecha que favoreció a una empresa al otorgarle la buena pro por S/500 millones, cuando se desempeñaba como secretario técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), en 2018, durante la gestión de Martín Vizcarra.

De acuerdo con la acusación fiscal, Aguilar fue designado como alto funcionario de FITEL, una organización que solo estuvo funcionando dos meses, para entregar la obra “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica” a la empresa Gilat Networks Perú S.A..

En entrevista con RPP Noticias, el expresidente de la ATU señaló que el reportaje que revela esta denuncia en su contra ya había sido emitido en 2023, pero en otro medio de comunicación. Calificó la noticia como “tendenciosa”.

Luego, aclaró que el concurso público para otorgar la buena pro de la mencionada obra fue administrado por Proinversión.

En el caso de la compañía Gilat Networks Perú S.A., Aguilar afirmó que Proinversión le otorgó un plazo de cinco meses para que entregue la documentación solicitada. Sin embargo, no respetó el tiempo brindado, por lo que Proinversión marcó una fecha de cierre.

Resaltó que él no formaba parte del comité de Proinversión y que ningún servidor público del MTC integraba esta institución.

“En ese momento se adjudica el concurso al segundo. No por una decisión aleatoria. Recordemos que eso pasa mucho en los concursos: hay un ganador y muchas veces la empresa no cumple con los papeles, se adjudican segundo y fue lo que pasó”, indicó.

Respecto a los cuestionamientos en su contra, por ocupar determinados cargos, el expresidente de la ATU dijo que el Viceministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tiene cuatro direcciones generales. En aquel año, él era director de una de estas áreas.

Debido a que el jefe de FITEL se ausentó de sus labores por razones médicas. Por esto, Aguilar afirmó que quedó a cargo de esta entidad de forma temporal.

El exfuncionario público también hizo hincapié en que en 2023 el Poder Judicial resolvió que el proceso administrativo se realizó de forma correcta.

En otro momento, mencionó que el proceso de investigación fiscal en su contra, por la presunta comisión de colusión agravada, era conocido por la exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte.

La exalta funcionaria le respondió que, como se encontraba en un proceso de investigación, le iba a dar la confianza para que asuma los mencionados cargos.

Aclaró que renunció a la dirección de la ATU porque la denuncia en su contra pudo perjudicar a esta institución.

“Todos los funcionarios públicos tenemos siempre esa carta de renuncia disponible para que se tomen las medidas del caso. Mi carta desde el día uno siempre ha estado disponible y además creo que es muy importante mencionar que ahora viene una serie de retos para la ATU. Para no afectar lo que vamos a hacer con la ATU fue mejor renunciar”, respondió.

Empresa Gilat se pronuncia

La empresa de telecomunicaciones Gilat Perú emitió una respuesta oficial ante las recientes alegaciones de irregularidades en la adjudicación de contratos para la instalación de banda ancha en Amazonas e Ica. El comunicado surge en respuesta al informe periodístico y a la investigación fiscal contra José Aguilar Reátegui, exjefe de la ATU.

De acuerdo al comunicado de prensa, la compañía rechazó “de manera categórica” cualquier irregularidad en la adjudicación de los proyectos mencionados. Según indicaron, la investigación fiscal se origina en una denuncia presentada por una persona que ocupaba la gerencia general de una empresa descalificada, el Consorcio GMC Conecta, por incumplimiento de las bases del concurso.

Según refiere la empresa de telecomunicaciones, el caso fue levado a la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la validez del procedimiento seguido por Proinversion.