El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, y el coronel Roger Torres, exjefe policial de La Libertad, agudizaron sus discursos este miércoles al plantear iniciativas contra la criminalidad que acecha a la región norteña, que aguardada una declaratoria de emergencia desde el Gobierno de Dina Boluarte.
Solo en 2023, La Libertad registró más de 300 homicidios, mientras que Trujillo, su capital, lideró el mayor número de crímenes (148). “La indignación es compartida y entiendo la rabia que da que todos los días amanezcamos con más muertos, pero tiene que entender que estamos dentro de un marco legal”, dijo el burgomaestre en una entrevista difundida en RPP.
“Es la Policía quien tiene el brazo armado y también la ley, para poder investigar, detener, a la ola delincuencial que azota nuestra ciudad. Esta comunicación no venía muy bien, por distintas razones, y lo primero que hemos hecho es estrechar nuevamente la cooperación”, continuó.
Reyna indicó que, al asumir la municipalidad ante la suspensión de su antecesor, encontró una central de Emergencia sin “capacidad de respuesta inmediata” y déficit de patrulleros para efectivos policiales, por lo que les dispuso los vehículos que emplean los agentes de Serenazgo.
Factor Bukele
El coronel Torres, por su parte, aplaudió la estrategia del líder salvadoreño, Nayib Bukele, cuya administración ha encarcelado a más de 50.000 presuntos pandilleros desde que declaró el régimen de excepción tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas o maras. La medida se convirtió en la principal acción de seguridad del Gobierno y en la máxima carta propagandística de cara a las elecciones que arrasó.
“Nosotros estamos sometidos a los derechos humanos. Desde mi punto de vista, debemos renunciar a los derechos humanos para buscar un enfrentamiento a la delincuencia, como lo ha hecho Bukele [...] Se requiere un trabajo conjunto de todas las instituciones”, dijo Torres en la misma emisora.
El coronel también reivindicó al ‘escuadrón de la muerte’, un grupo acusado de ejecuciones extrajudiciales que estuvo presuntamente liderado por Elidio Espinoza, excomandante de la PNP, exalcalde de Trujillo e implicado en la desaparición y asesinato de presuntos delincuentes como método para combatir el crimen.
“Hubo, de alguna manera, un grupo de policías que enfrentó directamente a los delincuentes. Dio resultados. Pero, lamentablemente, con los derechos humanos, la PNP se vio afectada, y las consecuencias las conocemos. El coronel Elidio, ya fallecido, tuvo este juicio que le duró años y, si hubiera estado vivo, estaría en el penal, lamentablemente”, dijo.
Bajo la óptica de Torres, el otro revés es “la falta de trabajo organizado con las instituciones”, una tarea “que le corresponde directamente al gobernador [César Acuña], al alcalde, al Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación”.
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