El gobernador de La Libertad, César Acuña, anunció este jueves que su región será declarada en emergencia por la ola de criminalidad y que albergará una base militar en su capital, Trujillo, donde vive el 60% de la población. La autoridad se reunió en Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los ministros Jorge Chávez (Defensa), Víctor Torres (Interior) y Eduardo Arana (Justicia).
“He venido a conversar con la presidenta para que tome a La Libertad como un punto prioritario para revertir el tema de la inseguridad. Del primero de enero hasta ahora, hay más de 33 muertos. ¡Todos los días un muerto!”, se quejó el líder de Alianza Para el Progreso (APP) en una rueda de prensa posterior a la cita.
Acuña adelantó que, en las próximas horas, la jefa de Estado dialogará al respecto con el juez supremo Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, y el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez. “[Todos] debemos poner el esfuerzo en la Libertad, teniendo en cuenta que es una región importante para la inversión privada. Después de Lima, es la que más aporta al PBI [Producto Bruto Interno]”, puntualizó.
Mencionó, de igual modo, que “en estos días” serán entregadas las camionetas para enfrentar la inseguridad ciudadana y que se ha entregado presupuesto para que su región sea la primera en albergar un Laboratorio de Criminalística a nivel nacional.
Declaratoria previa
Cuatro provincias de La Libertad —Trujillo, Ascope, Virú y Pataz— entraron en emergencia de enero a julio del año pasado, cuando fue la última ampliación de esta medida, rechazada por un grupo de burgomaestres, pues, hasta que llegó a término, se registraron 200 muertes, la mayoría producto de sicariato.
“La solución requiere de otras medidas, las comisarías no tienen efectivos policiales, equipamiento y recursos para afrontar esta ola delincuencial. El estado de emergencia debe venir acompañado de presupuesto, el Gobierno podría incrementar el presupuesto para que las municipalidades puedan contratar más serenos. Se necesita tener un plan estratégico adecuado para que se den los resultados esperados”, agregó.
Entonces, a través de un comunicado, la administración de Acuña pidió la intervención del Ejército y el ministerio del Interior ante “el desgobierno total” de la Policía Nacional. “Invocamos a los alcaldes a asumir con mayor compromiso sus responsabilidades de ley, apoyo a la PNP con logística y patrullaje integrado, constante comunicación y organización, operativos drásticos de licencias, restricción de permisos para eventos públicos y demás acciones ya coordinadas”, se leía en la misiva.
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