En un incidente grave en Coigobamba, Huamachuco, dos empleados de la Gerencia Regional de Minería e Hidrocarburos de La Libertad (GREMH) fueron secuestrados y agredidos por aproximadamente 40 individuos armados. Esta agresión ocurrió mientras los funcionarios realizaban labores de inspección en una zona afectada por minería ilegal.
Los funcionarios, quienes se encontraban recolectando evidencia de operaciones ilícitas en Bosque Polo, propiedad de Fernando Miguel Polo Espejo y Nurinarda Lozano Díaz, fueron amenazados de muerte por los atacantes. Este grupo, presuntamente ligado a actividades de extracción ilegal, intimidó a los inspectores con amenazas de quemarlos vivos si no abandonaban el área inmediatamente. Miguel Inquilla Reyes, ingeniero de la GREMH, proporcionó un testimonio conmovedor sobre el terror experimentado durante la inspección.
El ataque evidencia el creciente desafío que enfrenta la GREMH para combatir la minería ilegal en la región, que se ha acelerado en áreas como el Bosque Polo. El entorno se ha vuelto especialmente peligroso para los funcionarios encargados de proteger los recursos naturales, ya que los operativos ilegales buscan intimidar y frenar sus esfuerzos de vigilancia.
Los agresores, identificados por la comunidad local como mineros ilegales vinculados a Fernando Polo Espejo, su hijo Pedro Polo Lozano, y Eusebio Valverde, podrían enfrentar severas sanciones legales por su conducta. Los cargos podrían incluir ataque a funcionarios públicos y secuestro, delitos que en conjunto podrían resultar en penas de prisión significativas conforme al Código Penal.
Este hecho resalta la urgente necesidad de que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos para erradicar la extracción ilegal de minerales y garantizar la seguridad de los funcionarios en el campo. También subraya la importancia de implementar medidas rigurosas para proteger los recursos naturales y el medio ambiente en áreas vulnerables a la explotación.
Minería ilegal en Huamachuco, La Libertad
La zona del ande de La Libertad se ha transformado en un punto crítico para el desarrollo de actividades vinculadas a la minería ilegal, las cuales se asocian no solo a la extracción no autorizada de minerales, sino también a crímenes como secuestros, robos y asesinatos, efectuados en colaboración con redes delictivas. Este fenómeno ha cobrado fuerza en la provincia de Pataz, donde las organizaciones delictivas han encontrado un campo propicio para operar ante una vigilancia deficiente.
La situación ha provocado la alarma entre expertos relacionados con el sector minero formal, quienes señalan que la elevada incidencia criminal está directamente conectada con las prácticas de minería ilegal. La necesidad urgente de formalizar estas actividades mineras, destacando que aproximadamente el 30% del oro producido en el país proviene de operaciones ilegales. Una considerable porción del oro extraído ilícitamente termina en Bolivia, revelando un complejo entramado transfronterizo.
La minería ilegal se caracteriza por su falta de permisos, uso de materiales inadecuados y contribución significativa a la contaminación ambiental. Esta situación no solo representa un reto para las autoridades, sino que también plantea serios riesgos para los ecosistemas y comunidades locales.La expansión de la minería ilegal en la zona del ande de La Libertad sigue siendo un tema de gran preocupación para diferentes actores sociales y económicos. La lucha contra esta práctica no autorizada demanda un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la industria minera formal y la comunidad internacional para crear estrategias efectivas que promuevan una minería responsable y sostenible en el país.
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