Ejército peruano en la mira de la Contraloría por procesos de compra de armamento millonarios

Dos actuales altos mandos de las Fuerzas Armadas han sido sindicados por la Contraloría General de la República en procesos de contratación irregular dentro de instituciones adscritas al Ejército del Perú, en una serie de informes de distintas oficinas de control internas. Las pesquisas de la entidad encargada de observar irregularidades en las instituciones del Estado, ponen bajo el reflector a David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), y César Briceño Vladivia, comandante general del Ejército.

Las primeras alertas de estas irregularidades se hicieron oficiales a inicios de este año, cuando un informe del órgano de Control Institucional del Ejército Peruano reveló la existencia de una serie de anomalías durante el proceso de contratación de adquisición de 30 vehículos blindados porta tropas que cuyo monto a gastar correspondía a más de USD $64 millones de dólares.

Como si este hecho no fuera suficiente, dos semanas después de haberse revelado este informe; la Contraloría, a través del informe de Hito de control concurrente al Ejército del Perú, señaló la existencia de una serie de hechos irregulares advertidos en la celebración de un contrato realizado entre el Ejército y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME) que representaban un gasto de USD $ 27 millones de dólares.

¿Qué altos mandos del Ejército han sido implicados?

En el primer caso, el proceso de compra por los blindados no llegó a efectuarse porque la designación contaba con serias irregulares. Las indicaciones del informe de Contraloría ponían como principal interesado en esta compra a David Ojeda Parra, jefe del CCFFAA. Según lo detallado por dicho estudio, y diversos reportes periodísticos, el general habría ejercido presión ante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas para la elección de la empresa Otokar como la ganadora de la licitación.

Los informes de investigación periodísticos detallaron que Ojeda Parra intentó direccionar la contratación de los camiones blindados hasta en tres oportunidades. Todas esas veces, la ACFFAA rechazó sus intentos porque no consideró adecuado el informe técnico que resolvía la contratación de la empresa turca Otokar. La contraloría recopiló comunicados de dicha área del Ejército que detallaba las denuncias de las otras empresas concursantes respecto a la contratación.

En el segundo caso, que ha terminado por configurar un hecho mucho más serio, se ha implicado la responsabilidad del Comandante General del Ejército, César Briceño Valdivia, en la compra de más de 10.000 fusiles ARAD 7 de la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI); sobre los que existirían cuestionamientos por haber sido otorgados mediante manera de contratación directa y pese a no cumplir con todos los requerimientos establecidos en la FAME, que ordenaban que debían tener una garantía de 12 años y no de sólo dos años.

Estos detalles técnicos fueron advertidos por la Contraloría, precisando en su informe que la entidad a cargo de conseguir a la empresa que brindaría dichas armas era la FAME, la cual estaba presidida, hasta finales del 2023, por Briceño Valdivia. Posteriormente, diversos reportes periodísticos alertaron también que esta contratación se habría dado entre irregulares, al advertirse que las pruebas se hicieron en las mismas instalaciones de la empresa en Israel, y no en territorio nacional.

Presunta Corrupción no ha sido atendida por la Fiscalía

Pese a la gravedad de estas dos imputaciones, ninguna acción se ha iniciado por parte del Ejecutivo ante estos procesos cuestionables del Ejército. De hecho, ambas acusaciones, que constituirían hechos graves de corrupción, podrían dar paso a investigaciones de corrupción dentro de cada una de las instituciones castrenses implicadas. No obstante, hasta la fecha no existe anuncio alguno respecto a la posibilidad de inicio de diligencias en el marco de ambos casos. Mientras tanto, ambas autoridades militares siguen en sus puestos pese a las críticas.

A continuación, los dos informes de Contraloría que advierten los casos contra ambos efectivos castrenses, ambos documentos a los que Infobae Perú tuvo acceso.