El expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de la Diroes, busca ante el Poder Judicial tratar de anular la acusación de la Fiscalía por el fallido autogolpe de Estado que quiso ejecutar el 7 de diciembre del 2022 a vísperas de ser sometido a un nuevo proceso de vacancia en el Congreso de la República por actos de corrupción de su gobierno.
La defensa legal de Castillo solicitó ante el magistrado Juan Carlos Checkley Soria, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que convoque a una audiencia con el fin de argumentar que el cierre de la indagación preparatoria del Ministerio Público el 14 de diciembre pasado quede sin efecto y se reabra hasta el próximo 11 de abril de este año a fin de presentar nuevas pruebas de su inocencia.
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Lo cierto es que el exmandatario busca que se dilate el control de acusación del pedido de la Fiscalía que solicitó que sea procesado por la comisión de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública, cuyas penas acumuladas suman en total 34 años de prisión efectiva.
La solicitud de Castillo será vista mañana desde las 15:00 horas en una audiencia virtual, donde tendrá que estar su abogado y la representación de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos para que argumente su posición de culminar con la investigación antes del plazo establecido.
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Hay que mencionar que la defensa legal de Pedro Castillo también sustentará su recurso de tutela de derechos ante el juez Juan Carlos Checkley por considerar que se vulneró su derecho a ser informado de la imputación que le aplicó el 7 de diciembre del 2022, que motivó que sea procesado por el delito de rebelión. La audiencia se llevará a cabo a las 15:30 horas.
Acusación
Según el diario El Comercio, la acusación formal de la Fiscalía contra Castillo Terrones tiene una cronología de hechos en los que sus exprimeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez están involucrados. Y es que también para ellos se ha pedido 15 y 25 años de prisión efectiva, respectivamente, por el delito de rebelión.
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La tesis del Ministerio Público es que Castillo, Torres y Chávez se reunieron para ir a la oficina de la exprimera dama Lilia Paredes para redactar el contenido del discurso golpista que pretendía cerrar el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otras instituciones públicas.
El borrador inicial de este pronunciamiento fue guardado en un dispositivo USB, de marca Kingston, que contaba con el rótulo de ‘marco’. Allí estaba el archivo con el nombre ‘Mensaje’ que era el anuncio que Castillo emitió en la mañana del 7 de diciembre en televisión nacional.
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De otro lado, un dato clave también es que se halló escritos sobre las acciones que iban a desplegar en caso el golpe de Castillo tuviera un éxito positivo en casa de Aníbal Torres. Entre ellos estaba la ‘reestructuración de la Fiscalía suprema’ y el ‘cierre del Congreso’.
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