Este martes 16 de enero, el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional brindó un adelanto del fallo contra el expresidente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón, y el exabogado Rodolfo Orellana, a quienes se les impuso cárcel por el caso conocido como Oncoserv.
En el caso del exdirigente blanquiazul, el Poder Judicial determinó 13 años de prisión: 10 por lavado de activos y tres por asociación ilícita para delinquir, y a Orellana un total de 20 años de pena privativa de la libertad: cinco años por cohecho pasivo y 15 por el delito de lavado de activos.
De acuerdo a la fiscalía, existen pruebas suficientes para determinar que el expresidente de Alianza Lima y el abogado defraudaron al Gobierno Regional de Arequipa, apoderándose de más de S/ 10 millones basados en un arbitraje.
“Sí se ha llegado a probar que hubo acercamiento indebido de índole delictivo por parte de los encausados cuyo propósito no era otro que se designe, conjuntamente con el árbitro de parte de la empresa Oncoserv, al tercer miembro y a su vez presidente del tribunal arbitral”, indicó el representante del PJ.
“Sobre esta información, existen abundantes pruebas que dan por acreditado de que este propósito sí se ha cometido: hay correos electrónicos, pasajes aéreos, constancias y varios testigos que en ese sentido abonan esta situación”, agregó.
El juzgado recordó, además, que Guillermo Alarcón tenía en su caja de seguridad del Banco de Crédito del Perú (BCP) entre US$ 730 mil y S/ 60 mil, los cuales no ha podido acreditar.
¿Cómo el expresidente de Alianza Lima y Rodolfo Orellana estafaron al Gobierno Regional?
El pasado 12 de diciembre de 2006, el Gobierno Regional de Arequipa firmó una concesión con Oncoserv, vinculada a Orellana, a fin de implementar en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas del Sur (Iren Sur) servicios oncológicos por un periodo de 30 años. Entre ellos, la instalación de un acelerador digital, tomógrafo, axial computarizado, ultrasonido, mamógrafo y equipos de braquiterapia y radiología.
La irregularidad fue tal, que el representante de la empresa no se encontraba en el país al momento de realizar la suscripción del contrato ni podía garantizar la millonaria inversión, pues su capital era de apenas 10 mil dólares.
En 2012, ante un supuesto incumplimiento de cláusulas, deciden resolver el contrato e ir ante un tribunal arbitral instalado en la Cámara de Comercio de Lima. Durante todo este tiempo, los servicios médicos fueron suspendidos, afectando directamente a los pacientes de cáncer.
Como ya contaban con los árbitros a su favor, el tribunal falló rápidamente a favor de Oncoserv y dispuso el pago de S/ 7.5 millones, lo que afectó a la Gerencia Regional de Salud, los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche ante la falta de presupuesto.
Posteriormente, se volvió a emitir otro laudo a favor de la empresa el cual ascendió a S/ 44 millones por los supuestos daños ocasionados a la empresa.
“La llamada red Orellana no tuvo límite”
Durante su paso por el Congreso de la República, el exministro y expremier Vicente Zeballos lideró la comisión que investigó los presuntos nexos de una supuesta red de corrupción que involucra al empresario Rodolfo Orellana. En declaraciones a la prensa, el funcionario de Martín Vizcarra mencionó que la red del encarcelado abogado “no tuvo límite humano”, con relación al caso Oncoserv.
“¿Y cuándo el gobierno regional de Arequipa firma el convenio con Oncoserv, a quién iba a prestar el servicio de salud? A personas que padecían cáncer, imagínese la dimensión social. Y es que la llamada red Orellana no tuvo límite humano alguno, y peor aún, tampoco control”, dijo Zeballos.
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