El Poder Judicial decidió dejar sin efecto la orden de impedimento de salida del país por 36 meses para Keiko Fujimori en el marco del ‘Caso Cócteles’. En ese asunto, el equipo especial del caso Lava Jato solicitó una condena de hasta 30 años para la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular por haber cometido los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
En la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional se lee que Fujimori y sus otros seis coeinvestigados que han sido favorecidos con esta revocatoria de la restricción para abandonar el territorio nacional —Vicente Silva Checa, José Chlimper, Adriana Tarazona, Ana Herz, Pier Figari, Mark Vito y Jaime Yoshiyama— ya cumplen “reglas de conducta que aseguran su comparecencia restringida”.
“Por lo que este tribunal considera que esta medida resulta suficiente para contrarrestar cualquier riesgo de fuga, toda vez que su libertad ambulatoria se encuentra restringida parcialmente al habérseles impuesto la obligación de no variar su domicilio ubicado en autos sin previa autorización por escrito al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria”, se menciona el documento.
El fallo judicial a favor de Fujimori se origina a partir de una apelación presentada por Silva Checa, quien también se encuentra incluido en el ‘Caso Cócteles’, para que se desestime el pedido de impedimento de salida del país y afronte el proceso con el mandato de comparecencia simple.
Al final, el pedido de Silva Checa fue acogido, pero también alcanzó a las apelaciones promovidas por Keiko Fujimori y otros coeinvestigados como José Chlimper, Adriana Tarazona, Ana Herz, Pier Figari, Mark Vito y Jaime Yoshiyama.
De esta manera se anula la decisión emitida por el magistrado Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, el 31 de mayo del año pasado. En esa ocasión, aparte de la orden para que no salgan del país a Fujimori y los demás imputados, también se les estableció que debían comparecer una vez al mes al registro de control biométrico y detallar sus actividades.
Además, los implicados tenían que asistir a las citaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial para las diligencias correspondientes. Finalmente, la prohibición para que entre los procesados haya alguna comunicación.
Auto de enjuiciamiento
El 1 de diciembre del año pasado, el Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori por el ‘Caso Cócteles’. La medida también alcanza a otras 38 personas más que salpican incluso a la agrupación Fuerza Popular y la compañía MVV Bienes Raíces.
A la tres veces candidata presidencial se le acusa de financiado de manera irregular su campaña política y las actividades de su partido en el marco de las elecciones generales del 2011.
Según la tesis fiscal, Fujimori realizó los denominados ‘cocteles’ para blanquear el dinero que recibía de empresas como la firma brasileña Odebrecht. De hecho, Jorge Barata confirmó otra vez este aporte a la líder de Fuerza Popular y a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
“Hemos aportado a varias campañas políticas. Principalmente de expresidentes, congresistas, alcaldes. Hemos aportado a la campaña del señor (Ollanta) Humala, Keiko Fujimori, el señor (Pedro Pablo) Kuczynski, Alan García, la señora (Susana) Villarán”, dijo el exsuperintendente de Odebrecht en Perú cuando fue interrogado por el Equipo Especial del caso Lava Jato.
Barata detalló los montos que cada político recibió de la firma brasileña a cambio de que cuando llegarán al poder pudieran facilitar licitaciones públicas. “Me acuerdo del monto del señor Humala, US$ 3 millones; de la señora Keiko Fujimori, US$ 1 millón, de la señora Villarán, US$ 3 millones”, manifestó.
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