
Un convoy policial, donde se encontraban cinco integrantes de la banda criminal “Los parqueros de Vijus”, fue interceptado la noche del domingo 7 de enero de 2024. Los presuntos delincuentes habían sido detenidos por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) porque se dedicarían a la extracción ilegal de mineral aurífero en centro poblado Valle de Vijus, en la provincia de Pataz, de La Libertad.
De acuerdo con el medio local Sol Tv, el convoy policial fue atacado en la carretera Cochorco - El Molino con balazos disparados contra los agentes policiales de la Comisaría de Vijus. Tras el enfrentamiento, dos efectivos policiales se encuentran desaparecidos.
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El informe policial indica que los nombres y edades de los detenidos son: Elvis Ríos Arce (21), Eduardo Ronaldo Tumbajulca Gonzales (21), Coco Ortiz Vásquez (21), Jean Pool Ramírez Vera (27) y Eucebio Castillo Neyra (22).
Ellos fueron intervenidos por la PNP cuando se encontraban extrayendo minerales, presuntamente de forma ilegal. En ese momento, los policías detectaron que portaban armas de fuego.
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Eso no impidió que los policías los trasladen a la comisaría, por lo que cuando se encontraban en la entrada de la mina “Marleny”, dentro del convoy, uno de los individuos abrió fuego contra los oficiales.
Uno de ellos resultó herido de bala en la cadera. Luego del ataque, el policía fue llevado rápidamente a un centro de salud cercano.
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Policía niega desaparición de agentes
Durante una conferencia brindada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, se indicó ninguno de los oficiales que participaron en la intervención, y que posteriormente fueron atacados, desapareció durante el cumplimiento de su labor. “No tenemos personal policial que haya sido retenido. Son personal especializado de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes)”, aseguró.
Por otro lado, Angulo indicó que la Policía “permitido que estos cuatro intervenidos, que están identificados, permanezcan en su comunidad”.
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Minería ilegal en Pataz
Las denuncias por la extracción ilegal de minerales en Pataz datan desde muchos años atrás. En esta localidad, los residentes carecen de carreteras, comisarías o centros de salud en condiciones adecuadas, a pesar de que sus autoridades reciben casi 50 millones de soles al año por albergar a las tres mineras más importantes del país, como Poderosa, Aurífera Retamas y Consorcio Horizonte.
Esta realidad habría llevado al origen de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.
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En diciembre de 2023, se reportó un atentado en la minería Poderosa, lo que puso los reflectores sobre las bandas delictivas ligadas a la minería ilegal y reveló que casi 30 crímenes de este tipo se han cometido en ese territorio.
En este contexto, desde el 22 de noviembre hasta los primeros días de diciembre del años pasado, se denunciaron 13 muertes y decenas de heridos, entre ellos, miembros de la PNP, miembros de una familia y varios mineros. Los decesos se reportaron a causa de heridas ocasionadas por armamento de guerra o explosivos.
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Uno de estos lamentables sucesos es el que sufrió Fidel Cuevas Varas, rondero, y sus hijos Richard y Loyer Cueva Hernández. Ellos fallecieron víctimas de un tiroteo, cuyo trasfondo sería la minería ilegal.
Loyer Cueva, quien anteriormente había ocupado el cargo de presidente de las rondas campesinas de Vijus, en la provincia de Pataz, lideró en noviembre de 2023 un operativo contra grupos delictivos relacionados con la minería ilegal. Estos grupos generan temor entre los habitantes locales y buscan controlar el comercio y la extracción de oro en la zona.
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El 2 de diciembre de 2023, un grupo de delincuentes, conformado por personas peruanas y venezolanas, supuestamente colaborando con mineros ilegales, perpetraron un secuestro en la mina Poderosa, donde más de 20 trabajadores fueron retenidos en una galería y sometidos a una explosión con dinamita.
Esta detonación resultó en la trágica pérdida de 10 vidas, mientras que otros 13 empleados sufrieron heridas graves, incluyendo quemaduras de segundo y tercer grado.
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Ya en julio de ese mismo año, la minera había informado sobre ataques frecuentes a sus instalaciones por parte de estas organizaciones delictivas. La empresa señaló que, en los últimos años, siete de sus colaboradores habían sido asesinados, y estos crímenes están siendo investigados para identificar a los responsables.
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