El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Cancillería, se pronunció luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en desacato al Estado peruano. Al respecto, consideran que no han incumplido los mandatos del tribunal supranacional y, en consecuencia, reafirmaron su decisión de liberar al exdictador Alberto Fujimori.
El Ejecutivo sostiene que es “plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos” y ratificó su “firme adhesión” a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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“El Estado peruano precisa que, mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2023, solicitó expresamente que la Corte IDH implemente el mecanismo de supervisión reforzada, como efectivamente así ha ocurrido. En el sentido expuesto no ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte”, se lee en el comunicado.
El Gobierno no hace mención alguna de las dos resoluciones del tribunal internacional en la que se le pide expresamente que se abstenga de aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el fraudulento indulto hasta que cuente con la información necesaria.
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“El Estado Peruano presentará el informe de cumplimiento que se solicita en la mencionada resolución, con la argumentación de su posición, según el procedimiento y dentro del plazo señalado por la Corte IDH, que vence el 04 de marzo de 2024″, adelantaron.
Desacato
El último jueves, la Corte IDH declaró en desacato al Estado peruano y dispuso que el incumplimiento sea incluido en el informe anual del tribunal. Ello con el objetivo de que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) tome conocimiento al respecto y toma las medidas correspondientes.
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En los considerandos, la Corte IDH cuestionó que el Tribunal Constitucional haya intentado delimitar la competencia de acción. Además, llama la atención al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte por no fijar una posición ante la decisión del TC y las órdenes de abstenerse de aplicar el indulto a favor de Fujimori.
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