Buscan que Josué Gutiérrez responda ante el Congreso por despido de líder sindical de la Defensoría del Pueblo

La congresista Sigrid Bazán ha realizado un pedido formal para que se convoque de manera urgente a una sesión extraordinaria en la Comisión de Trabajo del Congreso. Este pedido tiene como objetivo citar al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para que explique los motivos detrás de la reciente destitución de la secretaria general del gremio sindical de la Defensoría.

El Sindicato, con respaldo de otros gremios y ex defensores del Pueblo, ha expresado que este hecho es una respuesta directa por la posición crítica que manifiestan contra el cuestionado defensor. Ante ello, Magali González, indicó para Infobae Perú que tomará medidas legales, pues debe proteger sus derechos sindicales y laborales.

Sin embargo, un reciente comunicado de la institución intenta justificar que la desvinculación con la trabajadora se debe a recortes presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que tuvieron que no renovar contrato a un total de 42 trabajadores, entre ellos, la cabeza del sindicato, González.

La secretaria general del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, Magali González, fue informada sobre la no renovación de su contrato por parte de la administración liderada por Josué Gutiérrez, pese a que cumple con todos los requisitos para su continuación. “Es un acto arbitrario e injusto, pero además una abierta afectación a la libertad sindical de nuestro gremio, porque pretende silenciar nuestra organización al descabezarla”, señaló González para Infobae Perú

El anuncio se produjo la tarde del martes 19 diciembre a través de un comunicado interno de la organización, firmado por Piero Villena Escalante, hombre de confianza del defensor del Pueblo y designado en noviembre para encabezar el área de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La medida es considerada por el sindicato de la Defensoría como un acto de represalia por los comentarios críticos de González, voz representante del gremio, respecto a la designación de Gutiérrez, y los cambios que ha realizado que debilitan la institución. Magali González, abogada y dirigente del gremio, desempeñaba una función como especialista ll, profesional de planta, del área Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Según las normas del Ministerio de Economía y Finanzas, reunía los requisitos esenciales para continuar en su puesto. En declaraciones a La República, González describió la acción de no renovar su contrato como una consecuencia de “la posición crítica que ha asumido el gremio” y que ella misma ha expresado en los medios en nombre del sindicato. Ha anunciado además su intención de emprender acciones legales en respuesta a estas circunstancias.

La no renovación del contrato de Magali González, a juicio de la propia afectada, “confirma una actitud autoritaria y arbitraria de parte del defensor”. Este acontecimiento se suma a las tensiones previas generadas por dudas en torno a la adecuación de los procesos de designación en el Congreso. González sostiene que las críticas realizadas por el sindicato y por ella ante los medios estaban “bien fundamentadas”, sugiriendo así la injusticia del despido.

Otros sindicatos, como el de trabajadores de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sitrasunedu) se han solidarizado con lo sucedido. “Sitrasunedu rechaza la desvinculación laboral, arbitraria e injusta de Magali González (...) Demandamos su inmediata reposición”, manifestaron a través de su cuenta de X.

Asimismo, el exdefensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, expresó lo siguiente: “Que la institución encargada de defender los derechos fundamentales despida a la Jefa del sindicato da cuenta de lo bajo que se puede caer. Al defensor no solo le faltan cualidades éticas y profesionales para dirigir la Defensoría, sino que tampoco respeta los derechos de los trabajadores”.

Trabajadores de la Defensoría que salieron con la llegada de Gutiérrez también se pronunciaron en rechazo. De igual manera, actuales congresistas, como la legisladora Sigrid Bazán, de la bancada de Junto por el Perú.

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, enfrenta exigencias de renuncia por parte del sindicato de trabajadores de la institución en medio de acusaciones de liderar una organización criminal. A través de un comunicado, los trabajadores demandan que se aparte del cargo y se someta a una investigación independiente, cuestionando la ética y legalidad de su nombramiento.

Según el comunicado de noviembre, investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) indican que la elección de Gutiérrez fue contraria a las directrices del Poder Judicial y al Reglamento del Congreso, careciendo de mérito y transparencia. Además, sugieren que su designación habría sido motivada por intereses políticos y personales, impactando organismos como la Junta Nacional de Justicia.

El sindicato denunció que nunca antes la Defensoría del Pueblo había sido tan cuestionada en términos legales, sociales y éticos. En la misma línea, los trabajadores han solicitado al Congreso de la República archivar un proyecto de ley propuesto por Gutiérrez para modificar la Ley de la Junta Nacional de Justicia, lo cual consolidaría más poder en manos del Defensor del Pueblo.