La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó las últimas informaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP) que revelan que el exministro aprista Hernán Garrido-Lecca y el abogado José Luis Hauyón habrían intercedido para que Patricia Benavides sea promovida como fiscal suprema.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la JNJ enfatizó que “realiza procesos de selección y nombramiento transparentes y no admite en ellos interferencias de ninguna índole”. Además, explicó que en el proceso para cubrir las dos plazas de fiscales supremos en el 2022, que devino en la designación de Benavides, hubo cuatro etapas.
“La primera fue un examen de conocimientos consistente en la elaboración de un ensayo, calificado mediante evaluación ciega (con identificación solo por código de barras) a cargo de profesores universitarios de las más importantes universidades del país”, señalaron.
Luego, la JNJ agregó que la segunda fase consiste en una evaluación curricular que “responde a objetivos, con puntajes establecidos en cada uno de los ítems previstos en las bases”.
La entidad que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a fiscales y jueces a nivel nacional señaló que la tercera etapa es cuando se le solicita al postulante que haga un estudio de un caso que tenga un carácter jurídico. Así, se le pide al candidato que responda a las preguntas que les planteen dos evaluadores y profesores universitarios afines a la materia.
Finalmente, añade que realiza una entrevista personal para evaluar la solvencia, idoneidad, trayectoria, proyección personal y conocimiento de la realidad nacional e institucional.
“Las calificaciones de cada miembro, en esta etapa, se encriptan inmediatamente después de cada entrevista y solo son de conocimiento del Pleno cuando son abiertas al término de esta fase”, acotan.
Adicionalmente, la JNJ también enfatiza que las fases descritas también se aplican para el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
“La JNJ expresa su mayor interés en el esclarecimiento de señalamientos sobre interferencias en los concursos indicados, al mismo tiempo que respalda toda investigación al respecto, ofreciendo los medios a su disposición para ese propósito”, mencionan en el cierre de su comunicado.
Vínculos con la JNJ y Fiscalía
El pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia se da a raíz de lo leído en la resolución del magistrado Raúl Justiniano, titular de Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien autorizó a miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP) y la División de Investigación de delitos de alta complejidad (Diviac) de la Policía Nacional que se interviniera la vivienda de cuatro personas en la madrugada de hoy.
En el documento judicial, al que Infobae Perú accedió, se mostró que el exministro Hernán Garrido-Lecca y el abogado José Luis Hauyón fueron claves para el ingreso de Patricia Benavides a la Junta de Fiscales Supremos (JFS).
Instalada en la JSF, Garrido Lecca y Hauyón iban a buscar que Benavides tome medidas que les resulten beneficiosas en procesos judiciales en los que estaban involucrados.
Sucede que el exministro de las carteras de Transportes y Salud está como investigado por recibir un presunto aporte de 200 mil dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral del fallecido expresidente Alan García en el 2006.
Por su parte, el abogado Hauyón pretendía usar su cercanía con Benavides para realizar unos trámites en el marco del caso ‘Sodalicio’, donde su estudio jurídico participaba.
De otro lado, Garrido-Lecca y Hauyón también habrían intercedido para la elección de Antonio Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ante la JNJ. Precisamente, el nombramiento de este funcionario también ha sido cuestionado a partir de un informe de la Contraloría que revela que mostró diplomas en los que docente alegan que jamás dictaron. Igualmente se señaló que laboró en los sectores públicos y privada en simultáneo.
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