Terror en Iquitos por denuncias de tres casos de abuso sexual infantil en menos de 24 horas

El flagelo del abuso sexual infantil persiste en Perú, un problema social y legal que afecta con especial crudeza a los más vulnerables. Recientemente, la ciudad de Iquitos, en la región de Loreto, ha sido escenario de tres casos denunciados en menos de 24 horas, los cuales subrayan la gravedad y persistencia de esta problemática.

Tocamientos indebidos e intento de violación

El primero de los sucesos se reportó en el parque zonal de Maynas, donde agentes cuida parques detuvieron a Carlos Flores Sánchez, de 30 años, apodado “el sapo”, cuando intentaba llevar a una niña de 6 años hacia los servicios higiénicos del lugar.

Flores Sánchez, quien cuenta con antecedentes por violación, fue sorprendido por los agentes después de haber realizado presuntamente tocamientos indebidos a la menor. La alerta de los agentes pudo evitar que el ataque fuera a mayores.

El individuo fue trasladado a la comisaría de Moronacocha para las investigaciones correspondientes, mientras que la madre de la víctima presentó una denuncia por intento de violación.

Pastor evangélico acusado de agresión sexual

El segundo caso conmovió al asentamiento Humano 15 de agosto, en el distrito de San Juan Bautista, donde dos menores de 6 y 8 años fueron presuntamente agredidos sexualmente por un pastor evangélico de la Iglesia Misionera Pentecostés.

Las personas que dieron cuenta de estos hechos a Exitosa Noticias, señalaron que los niños fueron evaluados por el médico legista, y que los resultados confirmaron la agresión.

Sin embargo, lo que les ha indignado es que los padres de los menores habrían llegado a un acuerdo con el presunto abusador de 53 años quien por el momento se encuentra detenido en la dependencia policial del distrito, a la espera de las medidas que tomarán las autoridades competentes.

Abuso sexual infantil en Perú

La sucesión de hechos ha generado una ola de indignación entre los habitantes de Iquitos y ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de protección hacia los menores en espacios públicos y privados, así como la importancia de la vigilancia y la denuncia oportuna para prevenir y sancionar los delitos sexuales contra niños y niñas.

Cabe mencionar que, entre los años 2017 y 2022 en Perú, se registraron 74 mil 413 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, lo que arroja un promedio alarmante de 34 denuncias diarias. Desglosando las cifras, el 92% de los casos reportados tuvo como víctimas a niñas y adolescentes femeninas, mientras que el 8% afectó a niños y adolescentes masculinos, evidenciando una marcada disparidad de género en la incidencia de estos lamentables sucesos.

¿Qué hacer ante un caso de abuso sexual infantil?

Para presentar una denuncia por abuso sexual infantil en Perú, las víctimas o testigos pueden acudir a cualquier comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) en su jurisdicción o en cualquier oficina del Ministerio Público.

La denuncia se puede realizar tanto de manera escrita como verbal; en el caso de ser verbal, los oficiales de la PNP o fiscales designados para atender estos casos redactarán un acta detallando el hecho.

Es importante saber que la persona que denuncia no está obligada a tener representación legal para presentar la denuncia, y en ningún caso se le debe cobrar por la realización de este trámite.

En situaciones donde el afectado no se sienta capaz de presentar la denuncia, ésta puede ser interpuesta por un representante de la Defensoría del Pueblo o cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

Profesionales de la salud y la educación están obligados por ley a denunciar cualquier sospecha o conocimiento de abuso durante el ejercicio de sus funciones. Pueden contactar a la Línea 100 para asesoramiento y acudir a la comisaría de la PNP correspondiente para proceder con la denuncia.

Por su parte, los oficiales de la PNP que sean informados sobre actos de violencia sexual contra menores en el ámbito familiar o cualquier otro entorno, tienen la responsabilidad de notificar a los juzgados de familia en un plazo no mayor a 24 horas tras tomar conocimiento del caso para garantizar una respuesta ágil y eficaz del sistema de justicia.