
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, tendrá que presentarse en el Congreso de la República para brindar una explicación más detallada de la posición del Gobierno de Dina Boluarte que dispuso ayer la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía 25 años de prisión en el penal de Barbadillo por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, liderada por la legisladora Janet Rivas (Perú Libre), ha requerido la presencia de Arana para el próximo lunes 11 de diciembre a las 16:00 horas en la sala Luis Bedoya Reyes. Sin embargo, junto al titular del MinJus también se dispuso la asistencia de Carlos Reaño Balarezo, quien es el procurador público especializado supranacional.
Ambos funcionarios deberán sustentar por qué el Ejecutivo decidió acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, donde se dispuso que se excarcele a Fujimori a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó que se abstenga de hacerlo en marzo del 2018. El lunes pasado se volvió reiterar el pedido.
Hay que mencionar que el ministro Arana ofreció un pronunciamiento ayer junto al canciller Javier González Olaechea para explicar brevemente la medida tomada desde el régimen de Boluarte a favor de Fujimori.

“A nombre del Gobierno del Perú, expresamos lo siguiente: Conforme a todo Estado constitucional de derecho y, acorde al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y las órdenes de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno a procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo del 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori”, refirió el titular de la cartera de Justicia.
Por su parte, González Olaechea refirió que sostuvo que el Perú respeta los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, consideró que el indulto de Fujimori no vulneraba eso a pesar de que la Corte IDH estableció que hay estándares establecidos para que se le otorgue como el reconocimiento de los delitos, el pedir perdón a las víctimas y pagar la cuantiosa reparación civil en agravio del Estado peruano.
“Expresamos de la manera más enfática que nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los Derechos Humanos, regional y universal, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, de modo alguno, desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales ni del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Por tal virtud, ratificamos al Perú a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que garantiza la defensa a la persona humana y el respeto a su dignidad”, refirió el canciller.
Alistan interpelación
La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático) anunció ayer que recopila firmas de distintas bancadas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el Parlamento. En las doce preguntas del pliego se puede leer que solicitará que informe si se hizo un análisis de las implicancias legales a nivel nacional e internacional sobre la excarcelación de Fujimori.
Además, otro punto es que explique qué estatus tendrá el Perú al incumplir el artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos al liberar al exdictador que cumplía 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta que ocurrieron durante su régimen.
De otro lado, buscará que se le informe sobre las medidas adoptadas por la Procuraduría para cobrarle 57 millones de soles a Fujimori como parte de la reparación civil en favor de las víctimas de su gobierno.
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