Presidente del PJ evita declarar sobre red criminal atribuida a Patricia Benavides: “Cada quien responde por sus actos”

El juez supremo Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial, evitó referirse este lunes a la acusación que salpica a la fiscal general, Patricia Benavides, y su círculo de asesores, sindicados de pertenecer a una red criminal enquistada en la cúpula del Ministerio Público.

Desde Pucallpa (Ucayali), donde realizó una visita de trabajo, Arévalo señaló que no tiene nada que opinar sobre este caso de presunta corrupción por el que Jaime Villanueva, mano derecha de Benavides, fue arrestado esta mañana en un operativo liderado por el equipo especial de la Policía y de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Después de esta réplica escueta, el magistrado anunció que su gestión implementará una nueva unidad de flagrancia en esta ciudad y pidió al Ejecutivo ceder un local en el que se pretende habilitar otra sede. “Si decimos que estamos en lucha contra la criminalidad, pues que cumplan porque si no se estaría desamparando a los ciudadanos de esta región y los estarían privando de tener una unidad de flagrancia”, señaló.

“El Perú se encuentra bajo ataque, estamos en una situación de guerra contra el crimen y no podemos mezquinar recursos en lucha contra la delincuencia”, remarcó al pedir al Congreso mayor presupuesto para la implementación de más unidades.

Previamente, la presidenta Dina Boluarte había solicitado una investigación célere en torno a la presunta organización atribuida a Benavides durante un discurso por la inauguración de la X Conferencia Anual Internacional por la Integridad.

“Si hay algo que investigar, que se investigue y se haga de manera célere, porque aquello que demora tampoco es beneficioso. La sociedad espera resultados. Las investigaciones ratificarán que el primer Gobierno liderado por una mujer andina en 200 años actuó y siempre actuará con honestidad, transparencia y sin corrupción”, continuó.

Horas después de este pronunciamiento, Benavides presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la jefa de Estado y el primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en protestas antigubernamentales. La titular del Ministerio replicó a la investigación abierta por presunta organización criminal en un mensaje grabado en el que indicó que buscan amedrentarla para que no continúe su “lucha contra la impunidad”.

“Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales”, apuntó.

Posteriormente, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena le exigieron que renuncie al cargo por haber sido involucrada en “hechos graves sometidos a investigación penal”. Los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, que tiene seis integrantes, consideraron que la investigación penal “no se condice con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público”.