La Procuraduría Pública Especializada Supranacional solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que pueda informar sobre las nuevas amenazas que ha recibido y reportó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó medidas cautelares a favor suyo y también a su familia el 6 de febrero pasado. Le han dado como plazo hasta el 27 de noviembre para cumplir con esta disposición.
En el escrito difundido por el portal Epicentro TV se da cuenta que Carlos Navas, representante de Benavides, refirió el 7 de setiembre ante la CIDH sobre “nuevos hechos relacionados con actos de violencia perpetuados en contra de las sedes del Ministerio Público, que a su juicio, también deben ser tomados como parte del contexto de agresión contra la beneficiaria”.
En rigor, Navas hizo referencia a que la titular de la Fiscalía de la Nación fue señalada como “asesina”, “maldita” y “responsable de la muerte de su cónyuge” por Ruth Barcena, presidenta de la Asociación de víctimas del 15 de diciembre, cuando ingresó al Hotel Plaza de Ayacucho el 11 de agosto de este año. Además, anotó que otros ciudadanos lanzaron gritos contra Benavides.
“Estos hechos confirman la existencia de odio por parte de otros ciudadanos, mensajes de odio generados en mérito a la vacancia ocurrido en el mes de diciembre”, mencionó en clara intención de tratar de relacionar la indignación de los familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte con una defensa a favor del hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo.
Por ello, la Procuraduría le pidió a Patricia Benavides que detalle si abrió alguna investigación preliminar por los presuntos “ataques” de los cuales resultó víctima.
Como se recuerda, familiares de los fallecidos en las manifestaciones antigubernamentales contra Boluarte Zegarra, de diciembre del 2022 y enero de este año, en Ayacucho mostraron su rechazo ante la titular del Ministerio Público a quien llamaron “bamba, corrupta y asesina”.
La reacción de estas personas se debe a la lentitud que se ha tenido desde la Fiscalía para esclarecer quiénes fueron los responsables de las muertes de C. M. R. A. (15), Josué Sañudo Quispe (31), Jhon Jennry Mendoza Huarancca (34), Raúl García Gallo (35), Clemer Fabricio Rojas García (22), Luis Miguel Urbano Sacsara (22), Edgar Wilfredo Prado Arango (51), José Luis Aguilar Yucra (20), Leonardo David Hancco Chacca (32) y Jhonatan Alarcón Galindo (19).
Inicialmente, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, a cargo de Karen Obregón Ubaldo, inició la investigación contra el jefe de la Macro Región Policial, el general PNP Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza.
Las citadas autoridades fueron denunciados por los presuntos delitos de contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.
Sin embargo, un radical giro se dio cuando Patricia Benavides dispuso que todo lo recopilado en Ayacucho pase al equipo especial creado, liderado por la fiscal Marena Mendoza, para dedicarse exclusivamente a esclarecer qué pasó durante las marchas contra la presidenta Boluarte.
La decisión no cayó nada bien en las asociaciones de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Asociación de los familiares de los asesinados y heridos del 15 de diciembre en Ayacucho y la Asociación de víctimas de represión a las protestas de Andahuaylas y Chincheros, quienes denunciaron que era un intento por retrasar las indagaciones para encubrir a la mandataria, el premier Alberto Otárola, y mandos militares y policiales.
Proceso contra ‘El Español’
Además, la Procuraduría le pidió a la Fiscalía que remita los avances de la indagación preliminar que se le abrió al ciudadano extranjero Jorge Hernández Fernández, alias ‘El español’, y los que resulten responsables por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, conspiración y ofrecimiento de sicariato en agravio de Benavides.
Recordemos que ‘El español’ fue señalado como el operador del expresidente Pedro Castillo, quien le ordenó que acabe con las vidas de Patricia Benavides, la fiscal superior Marita Barreto, el coronel PNP Harvey Colchado, porque impulsaban investigaciones contra su gobierno por casos de corrupción.
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