Defensor rechaza ley que deporta en horas a migrantes irregulares: “Los que se están yendo no son malos; los delincuentes no se irán”

El titular de la Defensoría del Pueblo, José Gutiérrez, rechazó este miércoles el decreto promulgado por el Ejecutivo que establece un procedimiento excepcional para acelerar la expulsión de extranjeros en situación irregular y de quienes incurran en delitos contra la seguridad ciudadana y el orden interno.

“Nuestra condena absoluta contra la delincuencia, [pero] ese marasmo en la política de seguridad ciudadana no puede condenar a miles familias que se han trasladado a buscar un espacio donde desarrollarse. Es verdad que, dentro de esos miles que han venido a buscar refugio, se ha filtrado el crimen transnacional [...], pero no podemos perjudicar a miles de niños cuyos padres están con estatus migratorio no regular”, dijo en una rueda de prensa.

“[Quienes] no lo han cumplido [es] básicamente porque el Estado no ha tenido la capacidad de establecer un plazo perentorio a la luz de la realidad para atender a toda esta población. Por eso, estamos solicitando una reunión inmediata con el ministro de Relaciones Exteriores y luego con el Ministerio del Interior porque estas cosas tienen que reevaluarse”, señaló.

En seis meses, Migraciones recibió 214.633 solicitudes para obtener el PTP, el 94 % de las cuales fueron cursadas por ciudadanos venezolanos. Hasta esta jornada, según la Policía Nacional (PNP), al menos 2500 migrantes de esa nacionalidad salieron por la frontera con Ecuador, donde la institución ha coordinado un corredor especial para facilitar su tránsito y eventual retorno a Caracas.

“Es una medida extrema porque, sencillamente, no responde al razonamiento lógico. Los que se están yendo no son los malos, sino que quieren cuidar a sus hijos y tienen que migrar a otro lugar. Los delincuentes por ninguna medida se van a ir, han encontrado su hábitat natural acá, en algunos sectores, y se han mimetizado con el crimen organizado. Para ellos esta norma inflexible es lo de menos”, consideró el defensor.

El procedimiento excepcional incluye una audiencia única, virtual o presencial, que no podrá exceder las 24 horas desde que la PNP haya realizado la retención del ciudadano. La medida empieza con la imputación de cargos de la autoridad instructora de Migraciones, continúa con un reporte de la PNP y concluye con la notificación de la resolución de la autoridad sancionadora.

Si en el proceso se comprueba la infracción, el organismo emitirá una resolución de sanción que ordena la expulsión inmediata, pero si se necesitan actuaciones adicionales, el caso será derivado a las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario.

Por su parte, las empresas de transporte interprovincial también estarán sujetas a sanciones, bajo la nueva ley, por trasladar a extranjeros irregulares. Migraciones también está facultada para sancionar a los operadores de transporte marítimo, fluvial o lacustre que deben enviar la información de registro y control de tripulantes, antes de las 48 horas de su arribo o zarpe al territorio nacional.

“Acá vienen las personas que nuestro país admite que vengan, no puede ingresar quien le dé la gana vulnerando las normas. Lo que hay que asegurar es la paz y la seguridad de 33 millones de peruanos”, señaló después del Consejo de Ministros.

De los más de 7,7 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años, algo más de 4,9 millones se encuentran en Colombia, Ecuador y Perú, donde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) facilitó su ingreso. Así, el número de estos ciudadanos en el país ascendió a 1,5 millones de personas, con más de 500.000 solicitantes de refugio.