El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció el pasado lunes la aprobación de un decreto legislativo que modifica la Ley de Migraciones e implementa un procedimiento exclusivo que permitirá deportar, en solo 48 horas, a extranjeros en situación irregular.
En una conferencia de prensa, el premier precisó que, gracias a esta norma, la Policía Nacional (PNP) podrá retener preliminarmente a los ciudadanos indocumentados y someterlos a un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PAS), a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Otárola remarcó que se trata de un proceso “respetuoso de los derechos humanos, a la doble instancia y al debido proceso de los extranjeros en esta condición”, tal como lo demandan los tratados internacionales.
“Este procedimiento respeta el contenido fundamental de la tutela procesal efectiva, el derecho de defensa, la pluralidad de la instancia, y todas las garantías que un ciudadano puede requerir. [Además], de manera célere, resuelve en una sola audiencia la situación migratoria de aquellos ciudadanos que no han cumplido [con regularizar su situación]”, siguió.
En mayo pasado, el Gobierno de Dina Boluarte dio un último plazo de seis meses para que los extranjeros residentes en Perú puedan tramitar el Permiso Temporal de Permanencia —que regulariza su estatus migratorio— y se acojan a una amnistía de multas. Una de las condiciones para recibirlo era que no tengan antecedentes policiales ni judiciales.
Culminado el período, los ciudadanos con estatus migratorio irregular quedan expuestos a una salida obligatoria o una expulsión. “Felicitamos a los extranjeros que han entendido la necesidad de integrarse a una sociedad de puertas abiertas como la peruana. Y para aquellos que no lo han hecho, el mensaje es contundente y directo: vamos a aplicar las leyes migratorias”, enfatizó Otárola.
“El decreto aprobado hoy día ha establecido el procedimiento especial para que regresen a su país si no cumplen las normas que el Estado establece. Perú no es un país al que se pueda ingresar quien le dé la gana, vulnerando las normas de orden público. Lo que queremos es ordenar las cosas y cuidar, meticulosamente, la vida y la seguridad de nuestros compatriotas”, continuó.
En los últimos seis meses, la administración de Boluarte ha entregado 55.168 carnets de Permiso Temporal de Permanencia, principalmente a venezolanos, como parte del proceso de regularización migratoria. De los más de 7,7 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años, algo más de 4,9 millones se encuentran en Colombia, Ecuador y Perú, según el último reporte de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
En la víspera, el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que coordinaba con Ecuador y Colombia el desarrollo de un corredor humanitario para quienes sean expulsados por incumplir la regularización. Sin embargo, el Gobierno de Guillermo Lasso desestimó la propuesta al concluir que la probabilidad de que produzca un éxodo migratorio desde el Perú “es baja”.
Fases de expulsión de extranjeros
El Decreto Legislativo 1582 aprobado por el gobierno de Dina Boluarte sugiere que el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) sea aplicado contra los migrantes con situación irregular y contra quienes cometan delitos. En el caso de quienes cometan infracciones graves que vulneren las leyes peruanas, serán sancionados con hasta la expulsión.
La normativa sugiere dos fases para que se lleve a cabo el procedimiento de expulsión:
- En la Fase Introductoria, se informará sobre la imputación de acusaciones al supuesto infractor y la convocatoria a la audiencia única, concluyendo con la evaluación de los argumentos de defensa y la sugerencia de la sanción a aplicar. Durante este proceso, el supuesto infractor ejerce su derecho a la defensa y al debido proceso durante la audiencia única, con la asistencia de un intérprete si es necesario.
- La Fase Sancionadora comienza después de la firma del acta de instrucción de la Audiencia Única y finaliza con la comunicación de la resolución emitida por la autoridad sancionadora de Migraciones. En caso de confirmarse la comisión de la infracción, se procederá a emitir la orden de expulsión de manera inmediata. En tal situación, la Policía deberá iniciar las medidas correspondientes para llevar a cabo la ejecución de la sanción
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