La Comisión de Justicia del Congreso, que preside la perulibrista Janet Rivas, desestimó las observaciones efectuadas por el Gobierno y aprobó por insistencia, sin debate alguno, el proyecto de ley que debilita el proceso especial de colaboración eficaz. Fueron 16 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones.
Respaldaron, como era de esperarse, los perulibristas Janet Rivas, Flavio Cruz y María Agüero, y los fujimoristas Patricia Juárez, Jorge Morante, Héctor Ventura y Martha Moyano. Los líderes de ambos partidos, el prófugo Vladimir Cerrón y la procesada Keiko Fujimori, respectivamente, enfrentan procesos penales.
También respaldaron la iniciativa Heidy Juárez (Podemos Perú) y Rosio Torres (Alianza para el Progreso), quienes vienen siendo investigadas a nivel fiscal por presuntamente recortar el sueldo a trabajadores de su despacho congresal.
Se les adhirió el acciopopulista Elvis Vergara y el magisterial Pasión Dávila, quienes son investigados por presunta organización criminal en el caso ‘Los Niños’.
Finalmente, se registraron los votos a favor de María del Carmen Alva, José María Balcázar, Gladys Echaíz, Adriana Tudela y Alex Paredes.
Únicamente votó en contra la parlamentaria Nieves Limachi (Cambio Democrático-Juntos por el Perú). Se abstuvieron Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) y María Acuña (APP).
Ahora, el dictamen será elevado al Pleno del Congreso para que sea debatido y votado. En casos de insistencia, la nueva autógrafa ya no es enviada a la presidenta Dina Boluarte para la respectiva promulgación, sino que es publicada en el Diario Oficial El Peruano por orden del presidente del Congreso.
Cuestionamientos al proyecto de colaboración eficaz
La principal crítica al texto aprobado es que fija un plazo reducido de 8 meses para que se concrete el acuerdo de colaboración eficaz. El plazo empieza a computarse desde que se recibió la solicitud del aspirante.
Este plazo puede ser prorrogado hasta por 4 meses “por causas justificadas” y por 8 meses en casos de que se investigue una presunta organización criminal. No obstante, esto último no se condice con los hasta 36 meses de prisión preventiva que se pueden dictar en casos de criminalidad organizada.
Otro cuestionamiento es que se pretende establecer que la declaración del aspirante a colaborador eficaz sea grabada. También prohíbe corroborar la manifestación de un investigado que se acogió este procedimiento especial con otro delator premiado.
Asimismo, el proyecto aprobado contiene una disposición complementaria final para que las modificaciones efectuadas sean aplicables a procesos de colaboración eficaz en trámite.
A mediados de este año, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, advirtió que 54 procesos de colaboración eficaz se verían perjudicados en caso de que se promulgue la norma impulsada desde el Congreso.
“La información que da el delator o el colaborador eficaz tiene que ser corroborada. Esa corroboración toma un tiempo, sobre todo en organizaciones criminales de carácter transnacional, por ejemplo, Lava Jato. Pero no solo Lava Jato, estamos viendo los casos de El ‘tren de Aragua’, que también es una criminalidad organizada que implica a países como Perú, Colombia y Venezuela, donde se necesita corroboración e información de esos países que debe ser traída a través de la (Oficina de) Cooperación Internacional”, alertó Carrión.
También se verían afectados casos emblemáticos, como Los Cuellos Blancos del Puerto, Lava Jato y los actos de corrupción en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo.
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